Armengol reclamó 2,6 millones por las mascarillas fraudulentas en su último día en el Govern

El Govern de Francina Armengol realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a la empresa investigada en la trama de presuntas mordidas en la venta de material sanitario, y le reclamó formalmente 2,6 millones de euros a través de una propuesta de resolución firmada el mismo día en el que Marga Prohens era investida presidenta.

Además, el IbSalut recibió en 2022 un requerimiento de la Guardia Civil en el marco de la investigación por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, por la que ahora ha sido detenido el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre.

La investigación de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil sitúa a Koldo García y a otro socio suyo como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de Covid-19.

Las fuentes consultadas han apuntado que la presunta trama se centraba en intermediar en contratos durante la pandemia de Covid-19 de material que fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

El equipo de gobierno del PP ha anunciado que auditará la compra hecha en 2020 en Baleares. Mientras, fuentes del Ejecutivo anterior han defendido la actuación del Govern progresista asegurando que los contratos se hicieron "conforme a la ley".

INFORME DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN BALEAR

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dejó constancia de este contrato de 3,7 millones de euros en un informe general sobre la compra pública de emergencia durante la crisis sanitaria. Fue una investigación iniciada de oficio en 2020, sin ninguna denuncia previa, ante el incremento de compras de emergencia, generalmente más vulnerables a malas prácticas.

La Oficina constató un único encargo de Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que también contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario por 40,5 millones de euros. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del estado de alarma no se le habían adjudicado contratos de suministro de material de protección sanitario.

La sociedad presentó una única factura para el encargo realizado con el IbSalut, por 3.701.500 euros para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad. Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia.

Con todo, el organismo Anticorrupción advirtió que en la Plataforma de Contratación constaba otro contrato por "servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID", por 56.715,24 euros (1,5% de la factura de suministro de material). La factura correspondiente no se facilitó a la Oficina.

Fue la empresa quien contactó con el IbSalut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado. El IbSalut tendría que hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma. Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo.

En sus recomendaciones, el informe de la Oficina Anticorrupción balear advertía contra el uso abusivo del procedimiento de emergencia y la necesidad de analizar debidamente la integridad y solvencia de los suministradores de material.

También consideró que se hizo un acopio de mascarillas para más tiempo del necesario, "con proveedores desconocidos y a los precios que estos imponían", aunque su análisis concluyó que no se habían producido sobrecostes en los precios facturados al IbSalut, dadas las circunstancias del momento de la fabricación y venta de material en China.

EL GOVERN RECLAMÓ 2,6 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN

Este jueves el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha asegurado que la reclamación se comenzó a tramitar meses antes de la investidura de Prohens, mientras que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, pedía explicar por qué "esperaron" a "a saber que habían perdido las elecciones para hacer la reclamación".

Ya en marzo de 2023, al final de la segunda legislatura de Armengol, el entonces director general del Servicio de Salud (IbSalut), Manuel Palomino, dirigió un apercibimiento a la empresa informando de que habían constatado que las mascarillas no cumplían los requisitos técnicos de una FFP2.

Según queda recogido en este documento, el Govern recibió las mascarillas el 29 de abril de 2020 y los análisis de calidad se hicieron entre el 25 de mayo y el 8 de junio. Tras recibir los resultados el IbSalut retiró las mascarillas y las mantuvo almacenadas en caso de necesidad.

En aquel escrito se comunicaba a la empresa que se tomarían las "medidas oportunas con el fin de resarcir" al IbSalut, aunque en el documento no cifraba económicamente el importe.

Aquellas gestiones culminaron en un expediente de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato, cuya propuesta de inicio fue firmada el 6 de julio de 2023 por el subdirector de la Central de Compras y Logística.

En el informe del subdirector de Compras se explica que no se pudo reclamar antes porque la pandemia no había finalizado --la Organización Mundial de la Salud declaró su fin en mayo de 2023--. En esta propuesta de inicio se calcula el importe de la indemnización por la diferencia del coste por unidad respecto a una mascarilla quirúrgica.

UN DIRECTIVO APARECÍA EN LOS 'PARADISE PAPERS'

La Oficina Anticorrupción balear consultó los datos empresariales de la compañía e hizo constar que, como administrador único aparecía otra empresa, Purdey Investment SL, que a su vez tenía como administrador único a José Ángel E.S.

El organismo fiscalizador advirtió en su informe que dicho directivo aparecía en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta. De hecho, ya entonces la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil habían investigado, un año antes, a esta sociedad.

Aquella investigación fue por un posible caso de corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda.