Baleares asume este sábado una parte de las competencias de Costas y Litoral

Baleares asume este sábado, día 1 de julio, una parte de las competencias en materia de Costas y Litoral, con una dotación económica de 1,3 millones de euros --982,19 euros por kilómetro de dominio público marítimo-terrestre--.

Además, se hace cargo de 18 puestos de trabajo, que formaban parte de la Administración General del Estado. Unos empleos que se suman a los 12 de personal funcionario que el Consell de Govern aprobó crear de manera extraordinaria el pasado mes de mayo y los ocho que prestan servicio en la Dirección General de Territorio y Paisaje.

Asimismo, el traspaso de una parte de las competencias de Costas y Litoral a Baleares también incluye la sede de la Demarcación de Costas en Palma y seis vehículos.

El traspaso implica que la Comunidad es desde este 1 de julio la responsable de gestionar y ordenar tanto el dominio público terrestre en la costa como lo que se conoce como mar territorial, 12 millas náuticas mar adentro desde la línea de costa.

Así, Baleares se encargará a partir de ahora de gestionar las autorizaciones administrativas dentro del dominio público marítimo terrestre; usos de temporada --como sombrillas, zonas de fondeo, conciertos o carreras, e instalaciones desmontables con vigencia inferior a cuatro años; las zonas de servitud de tránsito --los primeros seis metros desde la ribera del mar-- o las concesiones demaniales que incorpora la Ley de Costas --como explotaciones de acuicultura o usos privativos superiores a cuatro años--.

Además, la Comunidad asume la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones y de sancionar las infracciones y recaudar las multas. También, Baleares pasa a tener competencias en cuanto a planificación de proyectos y ejecuciones de obras que no sean de interés general y puede participar, mediante propuestas e informes, en las obras que ejecute el Estado bajo el paraguas del interés general --como por ejemplo la regeneración de playas--.

Por su parte, el Gobierno de España se reserva el cobro del canon de ocupación, la decisión final de las concesiones y planificar los proyectos y obras de interés general.