Critican que el Govern delegue en la empresa privada su obligación de solucionar el problema de la vivienda
"Ceder suelo público a promotores privados solo hace que alimentar la especulación"
Redacción | 23/08/2023
La asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha criticado que el Govern delegue en la empresa privada su obligación de solucionar el problema de la vivienda.
"Las últimas medidas anunciadas por la Conselleria de Vivienda sólo benefician a promotores inmobiliarios y especuladores", han indicado.
Las propuestas del nuevo equipo, según Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal, denotan, a su juicio, la falta de ideas y de interés en poner en marcha medidas encaminadas a paliar el grave problema que sufrimos es las Islas: "El Govern no puede, ni debe delegar en la empresa privada su obligación constitucional de poner a disposición de los residentes en las Islas, viviendas adecuadas y a precios asequibles, en especial para jóvenes y familias con menos ingresos".
Según explica Rodríguez, ceder suelo público a promotores privados solo hace que alimentar la especulación y regalar beneficios extras a los que, en gran medida, son los responsables de que el acceso a la vivienda sea tarea imposible en nuestra Comunidad.
"La dramática situación de falta de vivienda asequible que sufrimos desde hace años necesita de una intervención urgente y son los poderes públicos los que tienen el deber y la obligación de poner en marcha medidas encaminadas a paliarla. Regalar suelo a promotores, legalizar viviendas ilegales ya construidas o prometer incentivos fiscales por la compra de viviendas a precios que no existen no van a contribuir a la solución del problema si no todo lo contrario".
Rodríguez recuerda que en nuestras Islas es necesario destinar el salario íntegro de 17 años por la compra de una vivienda y donde el precio medio por M2 se sitúa en torno a los 4.833 euros, mas del doble de la media nacional y por encima del precio medio de Madrid y Barcelona.
La misma situación se vive en torno a los alquileres donde, de media, las familias deben destinar más del 65% de sus ingresos al pago del alquiler y los suministros de la vivienda afectando, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.
