Denuncian que el convenio balear de socorrismo supone un retroceso en las condiciones laborales
Lamentan que se encuentran en una situación de "total indefensión"
Redacción | 06/06/2023
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SOM Sindicalistes Balears denuncia que los trabajadores de instalaciones deportivas de Baleares, incluido el personal encargado de vigilancia y socorrismo de playas, se encuentran en una situación de "total indefensión "por la reciente firma del Convenio autonómico del sector de socorrismo y la "demora insufrible" en la negociación del Convenio estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.
"La firma del documento de ámbito autonómico por parte de la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, con el beneplácito de la Conselleria de Trabajo, ha supuesto un verdadero retroceso en las condiciones laborales del sector, que ve cómo pierde derechos adquiridos en anteriores convenios estatales: el plus de movilidad, días de vacaciones y un aumento de más de 50 horas de jornada cómputo anual, entre otros", lamentan.
Aseguran que "más preocupante es la disposición transitoria de este documento, en vigor desde el pasado 1 de enero, por la cual se deja a merced de las distintas administraciones municipales el inicio de la aplicación del mismo en los servicios de empresas con concesiones en los Ayuntamientos de las Islas Baleares: la vigencia del convenio se iniciará en el momento que se produzcan las nuevas contrataciones públicas, dejando de este modo como inaplicable el aumento salarial reflejado en el documento, única mejora de éste, que no entrará en vigor en muchos casos hasta dentro de dos o tres años. Incluso los convenios de empresa, con condiciones inferiores a las mínimas, prevalecerán sobre el autonómico hasta esa fecha".
"La demora en la firma del Convenio estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, que afecta al resto del sector deportivo, está suponiendo numerosos abusos por parte de la patronal en cuanto a la aplicación de las tablas salariales del IV Convenio actualizadas por última vez en 2020", añaden desde el sindicato.
Concluyen que esta demora de dos años y medio está siendo utilizada por las empresas para "mantener congelados los salarios desde la caducidad del documento, actualizados únicamente por el aumento del SMI decretado por el Gobierno estatal en la presente legislatura. Aún así, al no existir unas tablas de convenio de referencia, los trabajadores ven como pluses como el de transporte son considerados parte del SMI y son absorbidos por el aumento de la cuantía mínima retributiva".