El Ayuntamiento de Palma aprueba las condiciones para licitar los diez kioscos de flores de la Rambla

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles los pliegos de condiciones para licitar los diez kioscos de flores de la Rambla durante seis años, con opción a prorrogarlos otros cinco.

Cada establecimiento es independiente, tiene una superficie media de diez metros cuadrados y el Consistorio ha puesto como requisito "fundamental" que los concesionarios tengan dos años de experiencia en el sector de la floristería, según ha explicado la portavoz de la corporación municipal y teniente de alcalde, Belén Soto, en rueda de prensa.

Soto ha indicado que estas concesiones llevaban caducadas desde el año 2019 --puesto que la anterior concesión data del 2006 por un plazo de 12 años-- y no se obligará a realizar modificaciones en los kioscos, dado que está previsto que se vean afectados por la reforma que pretende hacer el Ayuntamiento en la plaza Mayor y sus alrededores.

Una vez que se publique la licitación, los interesados tendrán 30 días para presentar sus ofertas y en dos meses podría quedar resuelto el concurso. Los futuros concesionarios tendrán que abonar un cuota de entre 500 y 550 euros mensuales.

Una vez se resuelva este concurso, saldrán las concesiones de los kioscos de monedas de la Rambla y, posteriormente, los de prensa. Soto ha aclarado que ambas subastas saldrán a licitación antes de fin de año.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha revocado un acuerdo de la anterior corporación municipal para devolver una garantía, de alrededor de 12.000 euros, a la empresa Vitrac Obra Pública.

Esta empresa se hizo con la adjudicación de las obras de peatonalización de la calle Velázquez y la reurbanización de Josep Tous i Ferrer y el anterior equipo de gobierno detectó desperfectos en las obras que justificaban la ejecución de la garantía.

Soto ha señalado que, de acuerdo con un informe del departamento de Movilidad del Ayuntamiento, se constata que "se tiene que proceder a la devolución de esta cantidad económica a la empresa contratista, ya que los desperfectos no son imputables al adjudicatario".

ROPA DE TRABAJO PARA LOS BOMBEROS

En la misma junta se ha aprobado la adjudicación, a la empresa Sagres SL, del contrato para la dotación de equipos de protección y ropa de trabajo para el cuerpo de Bomberos de Palma, durante dos años por un importe de cerca de 123.000 euros.

Otro de los puntos que ha recibido el visto bueno del equipo consistorial ha sido la adjudicación de las salas de ensayo municipales de la calle Zuloaga, ubicadas en el barrio de Son Forteza, a la empresa Centro Musical Es Gremi.

El Ayuntamiento ha previsto para esta partida alrededor de 180.000 euros --durante dos años a partir de 2024-- y en la concesión se contempla el mantenimiento de las salas, la provisión de medios técnicos y la elaboración de un programa de dinamización sociocultural.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aprobado el aumento del 0,5 por ciento de la retribución del personal de la empresa PalmActiva, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. Este incremento se hará efectivo en la nómina de noviembre y tendrá un carácter retroactivo desde enero de este mismo año.

SE RETIRA LA PENALIDAD A LA EMPRESA DE SOCORRISMO

Soto también ha explicado la resolución que ha tomado el área de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, relativa a la penalidad impuesta a la empresa Salvament Aquàtic de les Balears SL, que ha sido considerada "extemporánea".

Esta penalidad equivalía al 3 por ciento del presupuesto de licitación del contrato adjudicado a esta empresa para los servicios de salvamento, vigilancia, socorrismo, seguridad y atención personal al baño asistido en las playas de Palma.

La portavoz municipal ha indicado que en abril la Junta de Gobierno aprobó el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la licitación del servicio, tramitado como un procedimiento abierto.

Al concurso se presentaron tres empresas y Salvament Aquàtic de Balears obtuvo la mejor calificación, por lo que se le requirió la documentación pertinente para la adjudicación definitiva. En julio, la Junta de Gobierno acordó la retirada de la oferta ganadora por "no aportar la documentación necesaria por la Ley de Contratos del Sector Público".

En septiembre, la concesionaria inicial interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de julio. Días después, la empresa solicitó al Consistorio la suspensión del acto administrativo, con un aval bancario como garantía de pago, por lo que el "licitador daba cumplimiento a la normativa vigente", ha concretado Soto.