El Consell detecta 6.200 anuncios de alquiler turístico ilegal en Mallorca con 30.300 plazas

El Consell de Mallorca ha detectado 6.192 anuncios de alquiler vacacional ilegal con una capacidad aproximada de 30.292 plazas, mediante un cribado de datos de plataformas web llevado a cabo en los primeros 100 días de la legislatura, en los que el departamento de Turismo ha puesto en marcha un plan con distintos ejes para perseguir la oferta irregular.

Así lo han anunciado el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, en una rueda de prensa este miércoles.

En lo que va de año, hasta finales de septiembre, los inspectores del Consell han levantado 312 actas por alquiler ilegal, y 279 de ellas han derivado en el inicio de un expediente de sanción. Dentro de ese grupo, 30 se han archivado, 74 se han cerrado --tras pagar la multa el infractor-- y 175 siguen en tramitación.

Además, incluyendo expedientes de años anteriores, el Consell ha cobrado este 2023 un total de 136 sanciones por alquiler turístico ilegal, por valor de 1,79 millones de euros.

CRUCE DE DATOS CON HACIENDA

Para perseguir la oferta irregular, entre otros ejes de actuación, el Consell está trabajando en un paraguas legal para poder cruzar datos fiscales y urbanísticos con Hacienda y Ayuntamientos.

Hacerlo cumpliendo con la ley de protección de datos es en este momento el principal obstáculo.

Con la Agencia Tributaria se pretenden cruzar los datos del pago de la tasa turística y a los Ayuntamientos se les informará de los establecimientos detectados para que puedan comprobar si urbanísticamente tienen todo en regla. Esto servirá como "una herramienta más para someter a presión esta actividad ilegal", en palabras del conseller.

Para establecer los métodos para intercambiar información con los municipios, el Consell se reunirá con los ayuntamientos, empezando por el de Palma como el principal afectado, ya que la mayoría de anuncios ilegales detectados corresponden a la capital. Destacan también Pollença, Alcúdia y Calvià.

Además, el departamento de Turismo ha creado una unidad de inteligencia que trabajará sobre el listado de viviendas obtenido, de manera que los inspectores tendrán direcciones concretas a las que acudir. En este eje turístico, Galmés ha señalado que se dará más flexibilidad a los inspectores, y Rodríguez ha explicado que, entre otras adaptaciones, se han habilitado horas extra por las tardes para dar salida a un "cuello de botella" de expedientes pendientes.

Asimismo, Turismo contratará nueve trabajadores adicionales para reforzar el servicio de inspección y sanción. Además, Rodríguez ha destacado también que se va a traspasar personal jurídico de otras unidades para lograr una gestión más eficaz del proceso sancionador.

ACUERDOS CON PLATAFORMAS VACACIONALES

El último eje gira en torno a las plataformas comercializadoras. El objetivo es que se comprometan a eliminar de sus páginas toda la oferta ilegal que detecte el Consell.

Según Galmés, ya se han mantenido encuentros con algunas de las más conocidas --Airbnb, Holidu, Booking, entre ellas-- y una ya ha mostrado predisposición a colaborar. Rodríguez ha apelado a la responsabilidad social corporativa de estas empresas privadas animándolas a "ayudar a solucionar el problema".

CONTUNDENCIA ANTE EL ALQUILER TURÍSTICO ILEGAL

En la rueda de prensa, Galmés y Rodríguez se han mostrado contundentes contra el alquiler turístico ilegal, que "no sólo supone una competencia desleal muy perjudicial para las personas y empresas que cumplen la normativa", sino que es "la verdadera fuente de externalidades negativas" del turismo, según el presidente.

Así, Llorenç Galmés ha prometido que pondrán en marcha "todas las campañas de inspección que hagan falta para castigar a los culpables" que "tanto daño hacen al sector y a la marca Mallorca".

Por su parte, el conseller ha remarcado que el objetivo es ser "eficaces" y lograr que una vez detectada la actividad ilegal, ésta cese inmediatamente en lugar de "seguir durante un tiempo". "El mensaje a la sociedad es que no vamos a permitir trabajar de forma ilegal, por el daño que hace al que cumple y a la convivencia", ha aseverado Rodríguez.