El Consell pide al Gobierno que la DGT acepte eliminar el carril bus-VAO

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, reclamó este lunes que se restablezca de forma urgente el convenio de carreteras con su partida de 230 millones de euros y que la Dirección General de Tráfico de marcha atrás a su negativa a suprimir el carril bus-VAO.

Estos dos asuntos fueron los destacados de la agenda que Galmés llevó a su reunión con el delegado del Gobierno en Baleares, Antonio Rodríguez Badal.

Según el Consell de Mallorca, Galmés considera que el convenio bilateral de carreteras “ha sido fundamental para el desarrollo y la conectividad de la isla. Por eso, es necesario recuperar los 230 millones de euros que pertenecen a todos los mallorquines y poder garantizar la fluidez del tráfico, la modernización de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios".

Acerca del carril bus-VAO en la autopista del aeropuerto, Galmés explicó que la institución insular ha agotado las vías de diálogo para consensuar la retirada de una infraestructura que considera fracasada y que provoca un incremento del 50 por ciento de la siniestralidad en el sentido donde está el bus-VAO, según los informes técnicos.

Galmés aseguró que, hasta el momento, la respuesta del Gobierno estatal está siendo "decepcionante porque va en contra de los intereses de los mallorquines, porque no se escucha la voluntad de las urnas expresada en mayo".

Además, el presidente Galmés confirmó que el Consell de Mallorca tiene previsto reforzar los sistemas de transporte inteligente que utiliza para medir el empleo de las carreteras, instalando 70 cámaras repartidas por Mallorca, de las que 17 de las cuales estarán ubicadas en las carreteras de la Serra de Tramuntana, y que incorporarán lectores de matrículas y sonómetros.

También Galmés explicó a Rodríguez Badal que "se necesita una acción coordinada entre las administraciones, ya que el Consell de Mallorca no tiene competencia sancionadora, la tiene la DGT".

En este sentido, el presidente del Consell de Mallorca precisó que se sigue trabajando en el marco competencial de la institución insular para buscar soluciones a los comportamientos incívicos de los conductores, especialmente en la Serra de Tramuntana.

"Por eso, una de las medidas que hemos planteado es poner a disposición de las administraciones la información que aporten nuestros sistemas y así se pueda actuar contra estos conductores y mejorar el control y la seguridad de los usuarios", apuntó.

Otro asunto abordado en la reunión fue el decreto aprobado por el Ministerio de Transición Energética que retira las subvenciones a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La eliminación de esa subvención ha supuesto que Tirme, la empresa que gestiona la planta incineradora de Mallorca, deje de ingresar 12 millones de euros del Gobierno estatal por retorno de inversión.

"Esta externalidad, junto al incremento del IPC y la subida vertiginosa del euríbor, y el éxito del sistema (que avanza en la recogida selectiva gracias a la labor de los ayuntamientos y a la colaboración ciudadana), ha generado una tormenta perfecta que ha derivado en un fuerte incremento al alza de la tarifa de 2024 y ha obligado al Consell de Mallorca a subvencionar la tarifa para poder congelarla y que "en modo alguno la tengan que asumir los mallorquines" ha asegurado Galmés.