El director de Emergencias alega que el expediente de Anticorrupción "no lo investiga ningún juzgado"

El director general de Emergencias e Interior, Sebastià Sureda, ha defendido que el expediente de la Oficina Anticorrupción, que le acusa de supuesta prevaricación urbanística por su anterior etapa como regidor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Campos, "no lo investiga ningún juzgado, ni Fiscalía".

Sureda ha respondido de esta manera, en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios y, en especial, de la diputada del PSIB Mercedes Garrido, quien le ha pedido aclaraciones sobre este asunto y por sus relaciones con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción abrió una investigación contra Sureda por las actividades que desarrollaban una serie de negocios en el polígono industrial de Campos sin licencia.

El responsable de Emergencias ha alegado que, cuando este organismo procedió a investigar al Consistorio, la corporación local "contestó a todos los requerimientos recibidos" y que, "gracias a eso", el departamento de Urbanismo está "paralizado", ya que ha pasado de "otorgar licencias en tres meses a un año".

Al mismo tiempo, ha criticado que en la página de la Oficina la "única" investigación que aparece como abierta es la del Ayuntamiento de Campos y que se reactivó en septiembre "por una denuncia de noviembre de 2020".

En su intervención, Garrido ha incidido en el hecho de que justo tres días después de trascender la noticia de su investigación, el PP registraba en el Parlament una proposición de ley para eliminar la Oficina Anticorrupción, una iniciativa por la que, a su juicio, "el PP se enfrenta a una grave crisis reputacional y de credibilidad, con más de 25 entidades que le piden que no la cierren".

Por eso, la socialista ha preguntado si este cierre lo hacen para "salvar al director general, a la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, para salvar al anterior alcalde y actual portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, o al socio de la gestoría del director general, padre de la presidenta del Govern", por lo que ha preguntado si "de los 20 negocios del polígono, alguno era cliente de la gestoría que compartía Sureda con el padre de Prohens".

Tras la contestación de Sureda, anteriormente mencionada, Garrido ha criticado la "falta de respuestas" sobre estas cuestiones, algo que ha considerado "más llamativo que las respuestas que ha dado este miércoles".

Por último, Garrido ha insinuado que el hecho de que tras su comparecencia en la comisión, "el PP haya impuesto para el próximo pleno del Parlament el debate de la proposición de ley para cerrar la Oficina Anticorrupción", se debe a "otra casualidad más y ya van muchas".

Sobre la "falta de respuestas" criticada por Garrido, Sureda le ha recriminado que "solo faltaría que le diera por escrito lo que quiere que le conteste" y ha insistido en que del tema del Ayuntamiento de Campos "no tiene por qué dar ninguna explicación en el Parlament".

De este asunto también ha hablado la diputada del PP Cristina Gil, quien ha criticado la parcialidad de la Oficina Anticorrupción con su director, Cristobal Milán, vinculado al PSOE, o que se produjera una "filtración inadmisible" del expediente de Campos, cuando el organismo tiene que guardar confidencialidad.

Gil ha señalado que esta filtración se produce "obviando informes técnicos" y "cuestionando" el trabajo de los servicios municipales, que "dieron por buena la interpretación de que se podía hacer un uso comercial en las zonas en las que no estuviera prohibido", como ha apuntado que es el caso.

"La filtración se refiere a una actuación que contó con el voto favorable en el pleno municipal de la coalición Endavant, de la que formaba parte el PSIB", ha manifestado, a lo que ha añadido que esta filtración del informe de 2020 se realiza por "poner de manifiesto la duplicidad de funciones".