El Govern inicia la inspección del etiquetado de productos hortofrutícolas en el comercio minorista

Las inspectoras de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, iniciarán en los próximos días una campaña de control del cumplimiento de las normas de comercialización de frutas y hortalizas en el comercio minorista de las Islas Baleares.

Cabe recordar que la venta de los productos hortofrutícolas en estado fresco debe ajustarse a lo que prevé la norma de comercialización de cada producto.

En el caso de frutas y hortalizas que no tienen una norma específica, los productos deben ajustarse a la norma de comercialización general establecida en el anexo 1, parte A, del Reglamento de ejecución (UE) 543/2011. Estas normas son de obligado cumplimiento en todas sus fases de comercialización.

Además, las frutas y hortalizas que se comercializan al consumidor final o colectividades, también deben ajustar su etiquetado a lo previsto en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y al Real Decreto 126 /2015, que aprueba la norma general de los alimentos que se presentan sin envasar al consumidor final y a las colectividades, de los envasados ​​en el puesto de venta a petición del comprador, y de quienes envasan los titulares del comercio al por menor.

También es de aplicación la normativa referente al uso de menciones protegidas por DOP o IGP, así como las menciones referentes a los productos que provienen de la agricultura ecológica.

En este sentido, y en palabras del director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Gobierno, Joan Llabrés, "para proteger los intereses legítimos de los productores y evitar la competencia desleal, iniciamos esta campaña de control; un control que consiste en una inspección visual de los productos, para comprobar si cumplen los requisitos mínimos de comercialización, así como un estudio del etiquetado o marcaje de los productos a fin de comprobar que se incluyen todas las menciones obligatorias, con especial atención al origen de los mismos" .

Cabe recordar que los incumplimientos detectados pueden suponer sanciones administrativas. En el caso del comercio minorista, hasta 3000 euros; en el caso de los distribuidores, hasta 15.000 euros o 5 veces el valor del producto; y en caso de que el hecho repercuta a terceras personas a las que le suministran el producto, hasta 600.000 euros.

En 2022 se realizaron 32 inspecciones en el sector hortofrutícola y se detectaron 69 presuntas infracciones, que derivaron en 7 expedientes sancionadores.

Para este año 2023, se ha previsto superar las 40 inspecciones.