El PP amplía el plazo previsto para eliminar la Oficina Anticorrupción de Baleares

El PP ha propuesto ampliar a seis meses el plazo previsto para eliminar la Oficina Anticorrupción, en una de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que quiere acabar con la misma, al considerarla "un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE".

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el diputado 'popular' Mauricio Rovira, quien ha explicado que el paquete de enmiendas registrado por el PP a la Proposición de Ley de Transparencia tiene como único objetivo mejorar el control a los cargos públicos de Baleares y la independencia del Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma.

"En ningún caso, queremos evitar la transparencia ni el control necesario de los cargos públicos, sino evitar duplicidades y dualidades con otros organismos, el elevado coste de la Oficina Anticorrupción y la politización que se ha hecho de la misma", ha añadido Rovira, destacando que "no va a dejar de verse lo que es obligado por ley que se vea", como las declaraciones patrimoniales.

"Siempre hemos estado a favor del buen gobierno y la transparencia, por ello enmendamos el texto para que los altos cargos deban presentar una declaración de actividades de dos años antes de ser cargo público", ha expuesto Rovira, quien ha además ha destacado que "el nuevo registro dependerá del Parlament y todos los expedientes actuales serán resueltos por el órgano más adecuado".

El texto establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.

La Oficina Anticorrupción "se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y ahora alcanza los 1,5 millones de euros que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director que cobra 95.000 euros al año", ha lamentado Rovira. Además, ha insistido, "no podemos obviar que la Oficina Anticorrupción tiene duplicidad de funciones".

"Este organismo acomete funciones que ya ejercen la Sindicatura de Cuentas, la Intervención General o la Fiscalía", ha señalado al respecto el diputado 'popular', quien, en cuanto a los expedientes que permanecen abiertos en tramitación, ha recordado que estos "van a pasar a la Inspección General de Servicios adscrita a la dirección general de Función Pública que se encargará de remitirlos a los órganos competentes".