Este es el acuerdo íntegro entre el PP y Vox para el Govern balear

Por una parte, el Partido Popular de las Islas Baleares, como fuerza más votada en las elecciones celebradas el día 28 de mayo de 2023, con el 35,83% de los votos y 25 diputados –más el diputado de la coalición Sa Unió de Formentera–, haciendo un total de 26 diputados, y por otra parte VOX, con el 13,90% de los votos y 8 diputados, sumando el Partido Popular en solitario más diputados que todos los partidos de izquierda juntos, acuerdan:


Primero.- Dotar a las Islas Baleares de un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y garantice que se cumplen las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones el pasado 19 de junio de 2023 a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de Baleares, con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos.

Segundo.- Que ambas formaciones suscriben la necesidad de asegurar un gobierno de cambio estable en las Islas Baleares y reconocen la generosidad mutua de los dos actores en el proceso de negociación, agradeciendo el trabajo realizado por los equipos, que han recogido y plasmado las necesidades de los ciudadanos de las Islas Baleares.

Tercero.- Hacer efectivos los 110 puntos del acuerdo programático suscrito por ambas formaciones.

Cuarto.- Que los Diputados de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares favorecerán con su abstención la investidura como Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares de la candidata presentada por el Partido Popular para que pueda confeccionar un gobierno en solitario, desistiendo VOX de presentar candidato alternativo a fin de garantizar la correcta celebración del mismo.

Quinto.- Que ambas formaciones se comprometen a crear en el plazo de dos meses desde la investidura de la nueva presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, una comisión de seguimiento y evaluación cuyo objetivo será el control del cumplimiento del acuerdo programático suscrito por ambas formaciones políticas. Dicha comisión se constituirá y funcionará conforme a lo establecido en el apartado correspondiente al final de este documento.

Sexto.- VOX se compromete a dar estabilidad al Gobierno de las Islas Baleares, con el compromiso de no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante toda la legislatura, excepto que se produzca un incumplimiento del acuerdo y este se acredite en el seno de la comisión de seguimiento y evaluación recogida en el punto anterior. El presente acuerdo tendrá reflejo cada año en partidas concretas de los presupuestos para la ejecución de las medidas pactadas. Para ello, ambas formaciones se comprometen, en su caso, a pactar enmiendas parciales a la Ley de Presupuestos en todos los ejercicios.


RELACIÓN DE MEDIDAS

LIBERTAD:

1. Defenderemos la unidad de España, fundamento de la Constitución Española, y la igualdad de todos los españoles, al tiempo que reconocemos la pluralidad y diversidad de todos los pueblos que la conforman.

2. Defenderemos la Constitución de 1978, que encauzó el deseo de libertad y de igualdad entre los españoles y expresó una voluntad sincera de reconciliación que algunos pretenden poner en duda. Defenderemos la vigencia de los valores de nuestra Carta Magna, que nos han hecho ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones.

3. Reivindicaremos la historia de España y de las Islas Baleares y garantizaremos la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles.

4. Acabaremos con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación, promoviendo la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España.


DESARROLLO ECONÓMICO:


5. Aprobaremos dentro de los primeros seis meses de legislatura una reducción contundente del IRPF que implicará:
- Una rebaja de la tarifa autonómica en todos sus tramos y, muy especialmente, para aquellos contribuyentes con rentas medias y bajas.
- Un incremento de los importes del mínimo personal y familiar hasta los límites máximos permitidos por la normativa.
- Ampliación de los límites y beneficiarios de las deducciones por arrendamiento de vivienda, gastos en libros de texto o gastos en escoletas 0-3 años.
- Creación de nuevas deducciones: por nacimiento o adopción; para propietarios que pongan viviendas en el mercado de alquiler de larga duración; por gastos derivados de cuidados de personas mayores de 65 años; por autoempleo y segunda oportunidad; o para empleados públicos que ocupen plazas de difícil cobertura, en especial los miembros de las FCSE.

6. Eliminaremos, dentro de los primeros 100 días de legislatura, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para todas las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre cónyuges y lo reduciremos un 50% entre hermanos o entre tíos y sobrinos, convirtiendo a las Islas Baleares en la comunidad con la carga más baja de España en este impuesto.

7. Suprimiremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad, para viviendas de hasta 270.000 euros, con posibilidad de ampliación hasta los 350.000 en zonas tensionadas y reduciremos un 50% este impuesto para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.

8. Reduciremos progresivamente, hasta la supresión total durante la legislatura, el Impuesto sobre el Patrimonio, todo ello supeditado a la derogación del Impuesto estatal de Solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Estado.

9. Exigiremos al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios esenciales y la administración pública de las islas, bajo los principios de solidaridad y cohesión y que atiendan a criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante o la insularidad y respete la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal.

10. Reclamaremos la compensación de las desventajas que implica la insularidad para los ciudadanos y las empresas de Baleares, mediante el desarrollo efectivo y el carácter permanente del Régimen Especial de Baleares (REB), así como el levantamiento de limitaciones como por ejemplo la regla de minimis establecida por la UE.

11. Incentivaremos la actividad empresarial impulsando ayudas para apoyar a las empresas ante los graves efectos del aumento de costes vinculados a la inflación y protegeremos a las pequeñas y medianas empresas, así como a las micropymes y autónomos, con especial atención al comercio local y artesano y a las empresas de gran arraigo, favoreciendo su desarrollo y facilitando la creación de un empleo estable y de calidad. Implantaremos bonos descuento para el consumo de proximidad; e impulsaremos campañas de promoción del comercio local.

12. Impulsaremos un plan de apoyo a los emprendedores, autónomos y empleo joven que implicará como mínimo:

- Cuota cero para autónomos en los dos primeros años de actividad, mediante la bonificación del 100% de la cuota, y bonificación del 50% en el tercer año.
- Nueva deducción por autoempleo en el IRPF para inicio de actividad y proyectos de segunda oportunidad.
- Equiparación de los autónomos con las familias numerosas en la deducción en IRPF por gastos de conciliación.
- Línea de microcréditos pública a jóvenes menores de 35 años para proyectos de start-ups a amortizar sólo cuando tengan beneficios.
- Eliminación progresiva de todo tipo de coste público autonómico (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.

13. Impulsaremos el cheque formación para trabajadores desempleados para otorgar mayor libertad de elección en el acceso a cursos y reformaremos el sistema de ayudas para que constituyan un verdadero incentivo a la búsqueda de empleo.

14. Apostaremos claramente por la simplificación administrativa y la atracción de

inversiones, modificando normativas para acelerar trámites, mejorando la gestión y eliminando cuellos de botella y reforzando el silencio administrativo positivo y la declaración responsable.

15. Elaboraremos un Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación como estrategia marco para la especialización y fomento de la competitividad de las empresas y aprovecharemos los Fondos Europeos Next Generation para la digitalización, mejora tecnológica, implantación de inteligencia artificial e innovación en las empresas de nuestras islas.

16. Elaboraremos Planes integrales de movilidad en las diferentes islas, con plena cooperación y coordinación con los consells insulares, con el fin de acabar con los atascos de tráfico en las principales ciudades de las islas. Para ello ejecutaremos las infraestructuras viarias que resulten necesarias, entre ellas, de manera prioritaria:

- Negociar un nuevo convenio de carreteras con el Gobierno de España, para mejorar la seguridad de la red viaria de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
- Dar solución, sin más demora y de manera prioritaria, a la Carretera General de Menorca.
- Impulsar, atendiendo a las demandas de los municipios, la construcción de rondas y circunvalaciones con el objetivo de evitar el tráfico dentro de los núcleos urbanos de Mallorca.

TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO, RESTAURACIÓN Y SECTOR NÁUTICO:

17. Apostaremos por el sector turístico como principal industria de Baleares y lucharemos contra la turismofobia, planteando una hoja de ruta clara no sometida a vaivenes coyunturales ni partidistas, que apueste por el medio y largo plazo, sobre la base de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, la máxima calidad del destino, el aumento de valor frente al volumen y velando siempre por el bienestar presente y futuro de la población residente.

18. Derogaremos las moratorias y los apartados lesivos, por su carácter intervencionista y prohibicionista, de la normativa turística (Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares y la Ley 3/2023, de 17 de febrero, de Menorca Reserva de Biosfera) y apostaremos por el turismo de calidad, incluido el turismo náutico, cinegético, gastronómico, deportivo y cultural.

19. Constituiremos un fondo finalista para invertir en reconversión, modernización, innovación y sostenibilidad de los destinos turísticos como Playa de Palma, s’Arenal de LLucmajor, Sant Antoni de Portmany, Alcudia o Playas de Calvià y Llevant, entre otros, a cargo del impuesto sobre estancias turísticas, el factor de insularidad del Régimen Especial (REB) y los Fondos Next Generation.

20. Promocionaremos las Islas Baleares como destino turístico cultural, gastronómico, deportivo, de negocios, rural o náutico, sin dejar de lado el turismo de sol y playa, apostando por la desestacionalización y la oferta de calidad.

21. Defenderemos el turismo de cruceros por su impacto en el comercio, la restauración y otros sectores estratégicos, gestionando los flujos de embarcaciones y visitantes y evitando una sensación de saturación para los residentes.

22. Apostaremos por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector

turístico, mediante la apuesta por la calidad de la oferta del sector, el control riguroso del cumplimiento de la normativa en materia laboral y prevención de riesgos, incentivos para las empresas que apuesten por el bienestar y el confort de sus trabajadores, así como la puesta en marcha de planes de conciliación de la vida laboral y familiar.

23. Impulsaremos el sector industrial de Baleares a través de políticas que incentiven la implantación desarrollo y consolidación de actividades industriales estratégicas, de actividades que cuenten con ventajas competitivas y de la industria tradicional.

24. Elaboraremos una Ley de polígonos industriales que permita a las empresas implantadas en ellos un correcto desarrollo, una mejora en la competitividad y el desarrollo de estructuras asociativas empresariales.

25. Elaboraremos un Plan de transformación del pequeño comercio a cargo de los fondos Next Generation para la innovación, digitalización y eficiencia energética del sector y crearemos un entorno favorable para el desarrollo del comercio y la restauración mejorando los accesos a las ciudades, aumentando las dotaciones de aparcamiento y garantizando unos bienes y servicios públicos de calidad en las zonas más comerciales.

26. Lucharemos contra el intrusismo y la venta ambulante ilegal, especialmente en las zonas turísticas, sancionando a los vendedores y consumidores.

27. Defenderemos la náutica como un sector económico estratégico para Baleares y fomentaremos su desarrollo creando un marco jurídico sin exceso de burocracia, con reglas claras que generen seguridad y confianza y mejoren la competitividad del sector.

MUNDO RURAL, AGUA, LITORAL Y PATRIMONIO:

28. Impulsaremos medidas para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental y defenderemos el patrimonio natural y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno.

29. Defenderemos al mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica, esencial para el desarrollo de las Islas Baleares y de toda España.

30. Fomentaremos la recuperación de razas autóctonas. Agilizaremos las ayudas del Plan de Desarrollo Rural.

31. Aprobaremos un plan de ayuda económica y social a los productores agroalimentarios baleares y el fomento de los regadíos e infraestructuras hídricas.

32. Preservaremos la pesca y el mar como pilares económicos, culturales y etnográficos de las islas y sus gentes.

33. Protegeremos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en todas las instancias, especialmente frente a las normativas comunitarias que les perjudican y dificultan la viabilidad de su actividad. Apoyaremos legislativa, judicial y políticamente la eliminación de las normas que obstaculizan su lucha contra plagas y especies invasoras. Protegeremos también a los productores frente al auge de precios, promoviendo más ayudas para compensar los efectos de la insularidad.


34. Presionaremos al Gobierno de España para que exija a las instituciones comunitarias la paralización de la Orden APA/423/2020 de la Unión Europea, reclamaremos la revisión de la normativa comunitaria respecto a las restricciones en la pesca de arrastre que no tienen en cuenta las singularidades de Baleares y exigiremos el establecimiento de un mínimo de 180 días de salida de las barcas de arrastre al año y la eliminación de la distinción entre costera y de profundidad.

35. Instaremos al Gobierno de España y a las instituciones europeas a la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países. Se buscarán fórmulas que, dentro del marco legal, primen e incentiven el producto local sobre las importaciones.

36. Creación de una oficina de lucha contra el fraude y de control fitosanitario de los productos de países terceros que sirva de modelo para una oficina nacional, cuya futura creación llevaría al cierre de esta oficina autonómica para evitar duplicidades.

37. Fomentaremos el relevo generacional en el sector agrícola y pesquero mediante la aplicación de medidas fiscales, reducción de burocracia y asesoramiento especializado, agilizando la concesión de ayudas.

38. Garantizaremos la seguridad de las explotaciones agrarias frente a cualquier tipo de delincuencia.

39. Diseñaremos acciones de integración y convivencia entre el medio rural y el turístico para facilitar la continuidad de las explotaciones primarias y su apertura a nuevas vías de ingresos derivados del sector servicios.

40. Apostaremos por la venta directa, apoyando el desarrollo de un modelo agroindustrial que mejore la distribución de costes y beneficios de la cadena de valor alimentaria.

41. Modificaremos la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares, en concreto su artículo 12, que impide actualmente el acceso de menores de edad a eventos taurinos.

42. Defenderemos la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad, facilitando a los cazadores el control de plagas y garantizando los mismos derechos y obligaciones que los del resto de comunidades autónomas. De manera prioritaria, Baleares se adherirá a la licencia interautonómica de caza hasta que no se consiga una licencia única nacional de Caza y Pesca.

43. Aprobaremos una Ley Balear de Costas para garantizar la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles ya existentes y necesariamente ligadas al litoral, como restaurantes de playa o chiringuitos, su ordenación urbanística y uso turístico con la protección y preservación de la costa.

44. Exigiremos al Gobierno de España una modificación de la normativa en materia de costas y litoral, con el fin de hacer compatible la actividad humana en la zona costera con la preservación del medio ambiente y los espacios naturales.

45. Realizaremos un plan de conservación y protección de las edificaciones tradicionales que existen en el litoral del archipiélago como casetes de vorera, escars, mollets u otras conservaciones singulares ligadas al paisaje y la idiosincrasia de las islas.

46. Crearemos un fondo finalista para inversiones en el ciclo del agua con recursos procedentes del canon de saneamiento, de la recaudación del impuesto sobre estancias turísticas, inversiones del Estado y Fondos Next Generation.

47. Elaboraremos un plan de inversiones que nos permita combatir la falta de mantenimiento y la obsolescencia de las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua y el déficit de recursos hídricos y un plan de regeneración y aprovechamiento de aguas residuales para riego, limpieza, recarga de acuíferos, etc. Priorizaremos la elaboración de un Plan de renovación de canalizaciones de agua para las islas, con reforma y mejora de la red de depuradoras.

48. Se derogará la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, y se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Se realizarán políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos. Igualmente, se evitará la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico.


EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO:

49. La correcta y eficiente gestión del dinero de los ciudadanos de Baleares y la transparencia y buen gobierno, serán los signos distintivos del nuevo gobierno autonómico.

50. Contrataremos una auditoría de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos y se eliminarán aquellos que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos y garantizaremos la máxima eficiencia del gasto en aquellos que continúen.

51. Promoveremos el método de concurrencia competitiva a fin de garantizar la transparencia y la libre competencia frente al modelo de concesión directa de subvenciones. De este modo, garantizaremos que todas las subvenciones concedidas respondan al interés general de los ciudadanos de Baleares y no a criterios ideológicos.

52. Apostaremos por un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad de las Islas Baleares en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales, apostando por programas de producción propia elaborados por empresas con arraigo en nuestras islas.

53. Estudiaremos las duplicidades competenciales existentes entre los consejos insulares y el Gobierno de las Islas Baleares, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, modificando, si resultase preciso, la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares.


EDUCACIÓN Y LENGUA:

54. Consolidaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico. En el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales.

55. Modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública.

56. Garantizaremos el derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sea contestado en la lengua que desee.

57. Modificaremos la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como todas aquellas normas de rango inferior que impiden el bilingüismo y la libertad de opción de lengua en los trámites y comunicaciones de la administración.

58. Eliminaremos la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que ha servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística, y crearemos una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas.

59. Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas. Además, implementaremos los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad.

60. Aprobaremos un plan para dignificar la labor del docente y el respeto a su figura, clave en un modelo educativo eficaz y de calidad.

61. Suspenderemos la actual aplicación de la LOMLOE y recuperaremos las notas numéricas en base al criterio profesional y pedagógico del docente. Revisaremos los contenidos curriculares para asegurar una educación que combine la adquisición de habilidades, como el trabajo por proyectos y en equipo, el uso de las nuevas tecnologías, la búsqueda de información o su comunicación, y la adquisición de conocimientos elementales para cada etapa educativa.

62. Garantizaremos los recursos necesarios de todos los centros financiados con fondos públicos, sean de la red pública o de la red concertada, para asegurar a las familias una oferta educativa variada en cuanto a proyectos educativos. Los centros de educación concertada no sufrirán discriminación alguna respecto a los centros públicos.

63. Garantizaremos la educación de 0 a 3 años libre, gratuita y universal, tanto en escoletas públicas, escoletas de la red complementaria o escoletas privadas interesadas, así como, mediante su propia regulación bajo criterios de calidad, de las guarderías asistenciales, reconociendo el derecho de la gratuidad a las familias y su libertad de elección.

64. Garantizaremos una educación inclusiva real mediante la contratación de más profesionales de apoyo, como ATEs, PTs y ALs, para menores con necesidades educativas especiales –NESE o NEE- de acuerdo con las necesidades y demanda existente en todos los centros educativos financiados con recursos públicos para favorecer una inclusión real y efectiva. Al mismo tiempo, defenderemos los centros de educación especial y garantizaremos las dotaciones de los medios humanos y materiales suficientes.

65. Aseguraremos la ejecución completa de un Plan de infraestructuras educativas y mejora y modernización de equipamientos, incluyendo un Plan de Climatización de centros educativos sostenidos con fondos públicos vinculados a la eficiencia energética y a su solarización.


SANIDAD:


66. Blindaremos el presupuesto sanitario y realizaremos una auditoría en el Sistema público de Salud que permita detectar y corregir las ineficiencias de gasto ya en el ejercicio 2024.

67. Elaboraremos una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios, potenciando todos aquellos aspectos que permitan garantizar la estabilidad de los profesionales, reclamando al Gobierno de España un complemento de insularidad que compense los diferenciales de coste en las diversas islas, reactivando la carrera profesional, declarando zonas y especialidades de difícil cobertura –especialmente en Menorca, Ibiza y Formentera– vinculadas a mejoras de condiciones laborales y levantando todas las trabas existentes. Entre las medidas prioritarias estará la eliminación del requisito lingüístico y la revisión del plus de insularidad con el fin de adaptarlo al coste real de la vida en Baleares.

68. Estabilizaremos y ampliaremos, de forma progresiva y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, las plantillas de personal sanitario, especialmente médicos. Lanzaremos a oposición todas las plazas, tanto de interinos como de eventuales. Ofertas Públicas de Empleo y oposiciones/concursos cada dos años y aumentar el número de residentes.

69. Desarrollaremos una gestión sanitaria eficaz y garantizaremos una asistencia humanizada y personalizada en todos los niveles asistenciales y profesionales del ámbito sanitario.

70. La salud mental será uno de los pilares del sistema sanitario público con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada. Reforzaremos las medidas de prevención para concienciar sobre esta cuestión.

71. Ejecutaremos un Plan de infraestructuras sanitarias que permita garantizar la atención

que necesitan y merecen los ciudadanos en cada una de las islas.

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA:

72. Aprobaremos una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material o actividades extraescolares, el acompañamiento de nuestros mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas.

73. Reivindicaremos la familia como célula básica de la sociedad. Incorporaremos la perspectiva de familia en toda norma y acción pública. Exigir que los informes de impacto sobre familia que acompañan a las leyes se lleven a cabo de manera efectiva, atendiendo a las necesidades reales de las familias.

74. Adaptaremos los Servicios Sociales a las necesidades actuales haciéndolos más ágiles y flexibles, facilitando así los trámites administrativos para poder atender las necesidades de los ciudadanos mediante una atención personalizada, cercana y a la vez rápida y eficaz, así como avanzar en una atención social que favorezca una mayor cohesión y justicia social, desde la más estrecha colaboración con las imprescindibles entidades y organizaciones del tercer sector.

75. Revisaremos todo el sistema y la normativa vigente en materia social con el fin de garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan.

76. Avanzaremos en un marco legislativo y de apoyo administrativo a la conciliación familiar y a las nuevas realidades de teletrabajo, asegurando unas condiciones laborales dignas y ampliando la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería para las familias.

77. Adicionalmente, aprobaremos una nueva deducción por nacimiento o adopción en el IRPF, por un importe de 800 euros para el primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 por el tercero y 1.400 por el cuarto hijo y en adelante, con la posibilidad de cobro de manera anticipada a través de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB).

78. Ampliaremos la deducción en el IRPF por gastos de conciliación, tales como gastos de escuela de educación infantil o guardería, cuidadores, comedor o extraescolares de 3 a 6 años, del 40% al 50% para menores de 30 años, familias numerosas y monoparentales y trabajadores por cuenta propia o autónomos.

79. Crearemos una ventanilla única de política social para la gestión, asesoramiento e información de convocatorias de ayudas sociales y para la dependencia, con especial atención a las personas con discapacidad.

80. Desarrollaremos la ley 4/2015 de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir, asegurando una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor.

81. Exigiremos la derogación de la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans, y modificaremos

la Ley autonómica para garantizar que las mujeres estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad, como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte. En el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que ninguna mujer sufra discriminación alguna. El Gobierno de las Islas Baleares se personará en las causas judiciales en defensa de las federaciones deportivas y las mujeres frente a los perjuicios causados por la conocida como ley trans. Se revertirá también la inversión de la carga de la prueba.

82. Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores.

83. Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

84. Se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental.

85. Se instará al Gobierno de España a identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la “ley del sí es sí”, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra comunidad. También se pedirá al Congreso de los Diputados que exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres. Igualmente, se pedirá la derogación inmediata de esa Ley, sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente.

86. Pondremos en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar causas y elaborar perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia.

87. Se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados en el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente.

88. Una vez concluida la auditoría, se impulsará una reforma total del sistema tutelar que incorporará las exigencias de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Misión a raíz de la visita de información realizada en España, del 11 al 13 de abril 2022, del Parlamento Europeo, sobre casos de abuso sexual infantil en Baleares.

89. Aprobar una nueva Ley de Infancia que incluya los siguientes puntos: medidas de apoyo, información y protección de la mujer embarazada, especialmente en situaciones de vulnerabilidad; evitar la institucionalización de los niños en caso de posible situación de riesgo o desprotección, buscando que el menor esté con su familia biológica (padres) o familia extensa (abuelos y tíos) el mayor tiempo posible; potenciar en el supuesto de institucionalización el regreso lo antes posible con su familia biológica o extensa; establecer medidas de protección ante el adoctrinamiento y manipulación de menores y la violencia en todos los ámbitos familiar, escolar, redes sociales; potenciar el

Acogimiento Familiar (familia de acogida), sobre todo en los menores de 6 años, frente al Acogimiento Residencial (centros residenciales); proteger especialmente a los menores con situaciones especiales; y asegurar que las acciones educativas estarán adaptadas al grado de madurez y las necesidades de los niños, especialmente en el caso de niños con discapacidad; entre otros.

ACCESO A LA VIVIENDA Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA:

90. Acabaremos con las políticas intervencionistas, prohibicionistas y de ataque a la propiedad privada desarrolladas por los gobiernos de izquierda en los últimos 8 años, que han convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de las familias de baleares, con un aumento sin precedentes tanto del precio de compra como del precio de los alquileres, que, sumado al aumento del coste de las hipotecas, obliga a las familias a destinar cada vez más recursos a la vivienda y que dificulta cada vez más la emancipación y la formación de una familia a los más jóvenes.

91. Impulsaremos políticas de vivienda cuyo objetivo sea el aumento de la oferta, adaptada a las preferencias de los ciudadanos, aprovechando al máximo la construcción ya existente, dando incentivos y facilidades para su puesta en el mercado.

92. Crearemos un Programa de Alquiler Seguro basado en la intermediación del gobierno entre propietarios de viviendas vacías y personas que buscan vivienda para alquilar, con el que los propietarios que se adhieran pongan en alquiler sus viviendas a precios accesibles, con el atractivo de tener garantías de cobro, de que la vivienda se rehabilita para su alquiler y de poder recuperarla en buen estado.

93. Aprobaremos una nueva deducción en el IRPF para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado de alquiler de larga duración y ampliaremos los límites y los beneficiarios de la deducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF.

94. Crearemos un programa de Build to Rent, de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la promoción de viviendas en alquiler a precio tasado.

95. Reformaremos ampliamente la normativa en materia de vivienda, con el objetivo de desburocratizar las administraciones y simplificar los trámites, agilizar la concesión de licencias urbanísticas, eliminar los cuellos de botella en la administración y facilitar la reforma, rehabilitación y reconversión de las viviendas por parte de sus propietarios.

96. Construiremos nuevas promociones de vivienda públicas en régimen de alquiler social para aquellas familias o personas más vulnerables y garantizaremos fondos de ayudas para el alquiler y agilizaremos los pagos.

97. Facilitaremos a los ciudadanos de Baleares la compra de su primera vivienda habitual, mediante un sistema de avales hipotecarios Hipoteca Joven para cubrir el 20% que no prestan los bancos y la supresión o reducción a la mitad del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

98. Construiremos vivienda pública en régimen de alquiler para destinarla exclusivamente a empleados públicos en los colectivos en los que existan más plazas vacantes y existan

más dificultades para cubrirlas –por ejemplo, personal sanitario, personal docente o personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros– y en el corto plazo, se alquilaran viviendas desde la Administración Autonómica para ponerlas a disposición de estos colectivos de empleados públicos.

99. Colaboraremos con los ayuntamientos para incrementar los medios técnicos y personales encargados de la redacción de los informes técnicos pertinentes para la concesión de licencias. Promoveremos la implantación de sistemas por los que se digitalice el proceso de tramitación de licencias.

100. Aprobaremos una nueva Ley de Vivienda, así como un Decreto Ley de emergencia habitacional dentro de los seis primeros meses de legislatura. Revisaremos también toda la legislación en esta materia que no ha dado solución al acceso a la vivienda.

SEGURIDAD:

101. En el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicosgarantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado.

102. Exigiremos al Gobierno de España que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas de quiénes ocupen ilegalmente una vivienda, permitan luchar contra las mafias de la ocupación, exonerar del pago de impuestos a los propietarios de vivienda ocupadas y prohibir que el inmueble ocupado pueda ser considerado morada ni domicilio a través de empadronamiento.

103. Incluiremos la ocupación de viviendas como infracción grave en la nueva Ley de vivienda, de manera que los ocupas no puedan recibir prestaciones en materia de vivienda o acceder a vivienda de alquiler social del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI).

104. Crearemos una Oficina de Defensa de Víctimas de la Ocupación y teléfono de atención permanente para el asesoramiento y acompañamiento de totas las víctimas frente a la ocupación ilegal. Se establecerán ayudas asistenciales y económicas a las víctimas de ocupación.

105. Aprobaremos un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir. Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetico de que se proceda a su repatriación conforme a la ley.

106. Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de las Islas Baleares la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos.

107. Dada la evolución de las llegadas de pateras a las costas de Baleares que ha

pasado de unas 199 personas en 2018 a 480 en 2019, y que en 2020 superó las 1.400 y en 2021 fueron 2.392, habiéndose establecido así una ruta migratoria consolidada, se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuevos SIVE en nuestra comunidad.

108. Apoyaremos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado exigiendo que se les proporcionen todos los medios materiales, personales y jurídicos necesarios para garantizar la seguridad y el desempeño efectivo de su trabajo, a fin de reducir la criminalidad de las islas.

109. Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno.

110. Exigiremos al Gobierno de España una insularidad digna para que los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares puedan recibir un plus para compensar los gastos derivados de la insularidad.


COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO CONJUNTO DE PP Y VOX PARA EL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES

Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, se constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación que se reunirá periódicamente con el objetivo de supervisar el grado de cumplimiento del pacto, fijar los objetivos estratégicos para el año y evaluar cualquier Anteproyecto de Ley del Gobierno de las Islas Baleares, previamente al inicio de su tramitación.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación se reunirá con carácter bimensual y formarán parte de esta hasta tres representantes designados por cada una de las fuerzas políticas. Con carácter general, al término de la reunión se publicará una declaración conjunta en la que se detallen los avances hechos hasta la fecha, así como los trabajos a realizar durante los siguientes dos meses. Con carácter extraordinario se celebrará también una reunión al inicio y al final de cada periodo de sesiones. Esta Comisión podrá además formar grupos de trabajo específicos para abordar situaciones legislativas o ejecutivas concretas si así lo consideran ambas partes.