Exigen la suspensión de los "claustros ilegales para condicionar el apoyo a la inmersión lingüística"

Hablamos Español ha presentado ante el conseller de Educación de las Islas Baleares, Antoni Vera, un extenso documento con fundamentos de derecho en el que se solicita que la Conselleria suspenda la celebración de las reuniones de claustro que se han convocado para esta semana en los centros de enseñanza de las islas.

"Hemos conocido esta convocatoria a través de profesores. El único punto del orden del día de las reuniones de claustro que se pretenden celebrar es la adhesión a un manifiesto a favor de la inmersión lingüística obligatoria en la enseñanza. Añade la convocatoria que se invita al profesorado a fotografiarse con un lema determinado promovido por entidades favorables a la inmersión lingüística obligatoria en la enseñanza", han indicado.

En dicho manifiesto se vierten una serie de juicios de valor sobre diferentes aspectos del ámbito educativo que, además de suponer una clara extralimitación del claustro en sus competencias, son una "clara vulneración de la neutralidad política e ideológica de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, y nada menos que se llega a querer no ya cuestionar, sino rechazar una medida política adoptada por el gobierno autonómico en el ejercicio de sus competencias, lo cual es simplemente inaudito".

"No se trata de informar, de manera neutral y aséptica, de cómo podrían influir en el funcionamiento específico del centro potenciales reformas de la normativa vigente, sino de apoyar una serie de juicios de valor y tomas de posición ideológicas determinadas, propios, llegado el caso, de una asamblea de profesores, institución muy diferente del claustro, que es un órgano de la Administración pública".

Aseguran que los hipotéticos acuerdos adoptados en tal sentido, no sólo pueden ser calificados de nulos de pleno derecho, sino que la misma inclusión dentro del orden del día es a todas luces ilegal y por tanto el director en su obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, deberá prevenir la comisión de tales actos administrativos ilícitos que podrían implicar consecuencias legales y disciplinarias, o incluso penales, por permitir “a sabiendas” la adopción de acuerdos contrarios a derecho y fuera de las competencias que tienen atribuidas y vulneradoras del citado deber de neutralidad y objetividad.

En su escrito le han recordado al conseller que la asistencia a las reuniones del claustro es obligatoria para todos sus miembros, por lo que obligarles a asistir a debates sobre asuntos que no son en absoluto competencias del claustro supone, en el menos grave de los casos, obligarles a invertir parte de su tiempo en algo a lo que no están obligados a hacer. Además, se pondrá en una situación de vulnerabilidad a aquellos docentes que ideológicamente no comulguen con el manifiesto propuesto.

"Está muy claro que el fin de los que desean que se incluya ese punto del orden del día es puramente propagandístico, utilizando por parte de unas personas, prevaliéndose de su condición de empleados públicos, un órgano con consideración de Administración pública para defender una determinada posición política o ideológica, cuando otros ciudadanos o entidades privadas han de hacerlo por sus propios medios. Es decir, que los que han utilizado de manera abusiva, ilegal e ilegítima órganos y medios de la Administración para defender sus posiciones políticas e ideológicas particulares habrán logrado su objetivo como consecuencia de la inhibición, en una actuación que pudiera calificarse de negligencia inexcusable, de aquellos superiores jerárquicos que tenían en sus manos la posibilidad de evitar que se alcanzase ese objetivo contrario a derecho", han denunciado. 

Hablamos Español solicita que se suspendan las mencionadas convocatorias de las reuniones de claustro y que implican debatir y votar incluso sobre actos aprobados o dictados por otros órganos en el ejercicio de sus competencias, especialmente si son actos normativos, sometidos a debate público y emanados por órganos jerárquicamente superiores o del gobierno legítimo al que corresponde dirigir la Administración, teniendo que actuar ésta bajo sus directrices. Asimismo, hace un llamamiento a los profesores para que se pongan en contacto con la asociación para recibir asesoramiento legal.