Govern asegura que los ayuntamientos podrán decidir si aplican el decreto de emergencia habitacional

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha afirmado que los consistorios tendrán capacidad para que, mediante un acuerdo de sus plenarios, puedan decidir si implantan o no las medidas del decreto de emergencia habitacional.

Así lo ha asegurado la representante de Govern en su intervención en el Parlament tras una interpelación del diputado del PSIB Marc Pons sobre la política general de vivienda.

Durante su intervención, el parlamentario ha criticado que con esta normativa, "los promotores pueden construir como quieran y donde quieran, sin tener en cuenta los planes generales ni los territoriales".

De este modo, Pons ha incidido en que "da igual lo que diga el planeamiento municipal y los planes territoriales", porque, desde su punto de vista, "por ley se lo saltan todo y dejarán que sean los promotores los que, en función de su rentabilidad económica, opten por conseguir autorizaciones en contra de la voluntad de los ayuntamientos".

Vidal le ha reprochado que la Mesa de Vivienda "no se haya convocado desde 2020" y ha prometido poner en marcha organismos e iniciativas como el Observatorio de la Vivienda o el Plan Sectorial de Vivienda, previstos en la Ley de Vivienda Balear.

Del mismo modo, ha insistido en que los municipios pueden decidir si adoptan estas medidas en acuerdos de sus plenos, ya que "los ayuntamientos son soberanos", y ha acusado al PSIB de intentar "confundir a base de repetir ideas como un mantra para conseguir un titular".

También ha anunciado que los técnicos del Ibavi estudiarán la compra de 53 pisos en Maó que van a ser subastados por la Sareb, recogerá los datos de suelo vacante, acabarán todas las promociones de VPO en curso y se cederá suelo al Ibavi para la construcción de promociones nuevas. Además, su departamento luchará contra el alquiler turístico ilegal y ofrecerá seguridad jurídica a los propietarios que pongan viviendas en alquiler.

Para el portavoz adjunto socialista, el decreto es no solo una "amnistía urbanística para autorizar y legalizar lo que hasta ahora era ilegal, sino que es una bula papal a los promotores para que puedan ser ellos quienes decidan qué ejecutan y qué no independientemente de lo que digan los planes generales y territoriales".

De igual modo, Pons ha insistido en que el decreto ley de vivienda está hecho "con prisas, sin consenso y sin tener en cuenta a la gente que de verdad necesita una vivienda digna".

También ha lamentado que se cree la figura de viviendas a precio limitado, con la que "permiten a los promotores comprar suelo más barato y vender pisos más caros que el precio de mercado", de lo que, a su juicio, se beneficiarán "los que se empadronen aquí y quieran una segunda residencia, no la gente de las Islas".