Las mascarillas que compró el Govern balear de Armengol en el caso Koldo solo eran para uso sanitario

La partida de 1,5 millones de mascarillas comprada en 2020 por el Govern balear por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, se contrató para uso exclusivo de los profesionales y las entidades sanitarias que asistían a población en la pandemia de covid-19. Así lo recoge la resolución de emergencia firmada el 4 de mayo de 2020 por el entonces director general del Ib-Salut, Juli Fuster.

Esta resolución administrativa no indica que el fin de las mascarillas fuera para "uso civil" o "domiciliario", como ha asegurado este lunes en rueda de prensa el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.

En el documento que ampara la contratación de emergencia se explica que Soluciones de Gestión había ofrecido mascarillas FFP2 y que el precio a pagar por el Ib-Salud ascendía a 3,7 millones de euros, más el pago de la aduana.

Según las mismas fuentes, la contratación debía ser por trámite de urgencia para atender las necesidades de los profesionales sanitarios y de entidades que no podían realizar su trabajo sin este material por la alta capacidad de contagio del virus de la covid-19.

Las mascarillas, según la resolución, procedían de China y para su transporte se contrató el servicio de tres compañía aéreas.

Tres años y tres meses después de la firma de este documento por el máximo responsable del Ib-Salud, el 6 de julio de 2023, el subdirector de la Central de Compras y Logística de ese organismo, Antoni Mascaró, firmó la propuesta interna de resolución parcial del contrato con Soluciones de Gestión por "incumplimiento culpable del contrato" al ser las mascarillas de menor calidad que las pactadas.

Esta propuesta de resolución del Ib-Salud del 6 de julio de 2023 se firmó el mismo día que el Parlament invistió presidenta del Govern a Marga Prohens (PP), en sustitución de Francina Armengol (PSIB-PSOE).

El 24 de agosto de este año, el actual director general del Ib-Salud, Javier Ureña, firmó el inicio del procedimiento de reclamación por un total de 2,6 millones de euros: la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, mucho más baratas.