Patronales de VTC advierten de la inconstitucionalidad de la Ley del Taxi en Baleares

Las patronales del sector de arrendamiento de vehículos con conductor, Unauto-VTC y Feneval-VTC, han enviado una carta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien han trasladado su "profunda decepción" tras la aprobación de la conocida como Ley del Taxi en Baleares, advirtiendo de su anticonstitucionalidad.

En la misiva, las patronales consideran que el Govern, "tras anunciar que retiraría las restricciones ilegales introducidas por el anterior Ejecutivo, finalmente ha preferido doblegarse a las exigencias del PSOE y el sector del taxi, manteniendo un marco normativo contra el que ya se han pronunciado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Supremo".

Así, recuerdan que la normativa mantiene la restricción de una precontratación mínima de 30 minutos, sobre la que el Supremo ha manifestado recientemente su ilegalidad por resultar contraria a la Constitución.

De la misma forma, las patronales hacen referencia a la inclusión en la ley de la prohibición de que las VTCs aparquen en lugares de concentración de demanda como hoteles, centros comerciales, puertos y aeropuertos, pocas semanas después de que el Supremo anulara una restricción similar en la Comunidad Valenciana.

"Y para rematar el despropósito", continúan en la carta, "el Parlament se extralimita en sus competencias, estableciendo trabas injustificadas y claramente ilegales a la llegada de VTCs que cuentan con título habilitante nacional para operar en las Islas".

Además, las patronales ven "evidente" que la normativa aprobada es "diametralmente opuesta al interés general" y "únicamente responde al interés de un gremio en particular".

"La ausencia de taxis durante todo el año, pero especialmente durante la temporada estival, demuestra la necesidad de ampliar la oferta, no lo contrario", señalan Unauto y Feneval.

En esta línea, advierten que la ley aprobada este pasado martes en el Parlament "no hará sino empeorar la falta de servicios de movilidad que, de forma crónica, padecen ciudadanos y turistas de Baleares".

Para finalizar, sostienen en su carta a la presidenta que la aprobación de esta normativa generará una "millonaria responsabilidad patrimonial a la Administración, de forma que, además de ver aún más limitadas las opciones de movilidad, los ciudadanos que usted preside deberán pagar de sus impuestos cuantiosas indemnizaciones a los titulares de las autorizaciones", citan en la misiva.

"Como representantes del sector, no nos quedará más remedio que exigir también responsabilidades a los responsables políticos que, ignorando deliberadamente la reiterada jurisprudencia que al respecto viene emanando de los más altos tribunales, incurrirían a nuestro juicio en responsabilidades personales por la ejecución de una normativa anticonstitucional y contraria al Derecho Europeo", concluyen las patronales.