Sumar MÉS impulsará una Ley de lenguas para defender la diversidad lingüística del Estado

El cabeza de lista de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha avanzado hoy que la coalición impulsará una Ley de lenguas para defender la diversidad lingüística del Estado.

La propuesta, según ha detallado, pretende poner fin a la "imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal y la discriminación del resto de lenguas".

Vidal ha argumentado que el Estado español "nace de una tradición monolingüe en la Administración y que debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de otras lenguas".

Por ello, el candidato de Sumar MÉS ha remarcado que la iniciativa planteada posibilitará que se tomen todas las medidas necesarias para que las lenguas propias diferentes al castellano "disfruten del mismo reconocimiento" y sus hablantes "de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano ”.

En este sentido, Vicenç Vidal ha asegurado que reconocer la realidad plurilingüe supone dignificar nuestra diversidad, nos describe de una forma más cierta y es de una riqueza cultural innegable”.

Vicenç Vidal ha detallado que la Ley permitiría, entre otras, que las diferentes lenguas del país, como el gallego, el catalán o el vasco, puedan ser utilizadas en las instituciones, independientemente de dónde se sitúen.

Por ejemplo, el catalán podría emplearse en las Cortes Generales (Congreso y Senado), en el Tribunal Constitucional y en el Supremo, en la Audiencia Nacional, en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social, y que la posibilidad de su uso es se extendería también a entidades o empresas públicas como Radio Televisión Española.

El cambio legislativo que propone Sumar MÉS también recoge que el gobierno del Estado destine parte de su presupuesto público a todas las lenguas de los territorios que conforman el estado, y no sólo a una de ellas.

La candidata Elisabeth Ripoll ha recordado durante la presentación de la iniciativa que en España, el 45% de los ciudadanos viven en territorios con una lengua propia diferente al castellano.

Sin embargo, ha insistido, “desde la llegada de la democracia hasta la fecha se han aprobado cerca de 500 normas y leyes estatales que establecen la obligatoriedad del castellano en múltiples aspectos de la vida cotidiana, mientras que la legislación estatal en favor del catalán, del vasco, el gallego, el asturiano, el aragonés y el aranés ha sido casi inexistente”.

Según Ripoll, España debe cumplir los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En este sentido, ha señalado que la aprobación de la Ley de lenguas haría posible.