El Gobierno propone ampliar el subsidio de paro a menores de 45 años sin cargas familiares

El Ministerio de Trabajo ha planteado ampliar la cobertura del subsidio de desempleo a más colectivos, como el de menores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora carecían de protección.

En el marco de la reforma de los subsidios -uno de los hitos pendientes del plan de recuperación y vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos- Trabajo ultima un borrador para llevar al Consejo de Ministros lo antes posible, según han adelantado algunos medios y confirman fuentes del departamento que lidera Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asegurado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados, antes de la apertura de la XV legislatura de las Cortes Generales, que la reforma que plantea su departamento va a servir para mejorar el subsidio.

"El Gobierno no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar", ha aseverado la también líder de Sumar, que ha mostrado su "absoluta disconformidad" con la propuesta del Ministerio de Economía y ha señalado que "la reforma del subsidio por desempleo es una competencia del Ministerio de Trabajo".

Díaz ha asegurado que no van a propiciar ningún recorte, sino que va a servir para "ganar derechos", ampliar las "subjetividades" en el subsidio por desempleo al incluir a los menores de 45 años en el cobro de esta prestación, reducir las trabas burocráticas para eliminar el mes de espera y hacerlo compatible con la actividad laboral.

El Ministerio de Economía ha explicado en un comunicado remitido a los medios que se encuentra "alineado" con Trabajo en todos los aspectos planteados porque persiguen "que todo el sistema se oriente a apoyar el empleo".

Desde el departamento liderado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, señalan que en el seno del Gobierno "se está intercambiando documentación para tener la mejor reforma posible, alineada con la reforma laboral, y alcanzar el pleno empleo en esta legislatura".

Estas ayudas se cobran cuando no hay derecho a la prestación contributiva y se sitúan en el 80 % del IPREM, unos 480 euros al mes.

Hay unos 700.000 beneficiarios de esta prestación, según los últimos datos disponibles del mes de octubre.

Se trata, recuerdan desde Trabajo, de una reforma que continúa la renovación de las políticas de empleo iniciada con la Ley de Empleo y que incluye el derecho de los parados a una cartera de servicios así como a itinerarios formativos y laborales adecuados a su perfil y situación personal.