Vender casas solo a personas con ingresos bajos, el nuevo planteamiento en Países Bajos

Las casas de hasta 355.000 euros solo podrían venderse a personas con ingresos medios o bajos para garantizar que este grupo tenga posibilidades de comprar una vivienda en un mercado saturado, según un proyecto de ley en Países Bajos que busca permitir a los municipios introducir esta obligación para luchar contra la crisis inmobiliaria.

La idea detrás de esta medida es que los ciudadanos con menores ingresos puedan encontrar casa en un mercado en el que los precios no hacen más que subir y la demanda de viviendas sigue superando la oferta, obligando a los interesados a hacer pujas de hasta decenas de miles de euros y aceptar cláusulas arriesgadas para ser elegidos compradores.

La conocida como nueva Ley de Vivienda ha sido elaborada por el ministro de Vivienda, el democristiano Hugo de Jonge.

Aún no ha sido sometida a votación, y, aunque en un principio contaba con apoyo de una mayoría parlamentaria, el partido de extrema derecha (PVV) retiró de forma repentina su apoyo porque “no quiere que los municipios determinen a quién puedes vender tu casa”, dijo el diputado Alexander Kops.

El ministro sigue teniendo esperanzas de poder convencer a los opositores para sacar adelante la ley. Dos de los cuatro partidos de la coalición de gobierno, los liberales de derechas VVD y los liberales de izquierdas D66, son críticos con la medida porque consideran que infringe los derechos a la propiedad, y quieren que solo se aplique a las viviendas de nueva construcción porque, de lo contrario, los propietarios se verían muy afectados.

“Cuando tú quieres vender tu casa, por la que has trabajado duro, y un concejal es quien decide a quién se la puedes vender, algo no está bien. Se trata de libertad de elección”, según el diputado progresista Faissal Boulakjar, quien consideró que esta medida creará obstáculos para los vendedores porque, ejemplificó, "¿qué pasa si quieres deshacerte de tu casa urgentemente debido a un divorcio?”.

Unión Cristiana (CU), el cuarto socio de la coalición que gobierna Países Bajos, consideró las objeciones del VVD y D66 como “típico individualismo liberal”, en palabras del diputado Pieter Grinwis, quien defiende que esta norma pone las viviendas asequibles al alcance del ciudadano medio y jóvenes vecinos que se está viendo desplazado en sus propias ciudades por inversores y “personas que tienen mucho dinero para gastar”.

La norma establece el umbral en las viviendas de hasta 355.000 euros, aunque el Consejo de Estado ya ha advertido de que esta nueva ley podría tener el efecto contrario al deseado y acabar subiendo aún más los precios en el mercado de la vivienda, ya que, si una casa está valorada en un importe superior, quedará fuera del alcance de esta norma.

El proyecto de ley también permitiría a los municipios reservar o priorizar un porcentaje de las viviendas en venta y las casas disponibles en alquiler para quienes tengan una “conexión local” con el municipio, es decir, vecinos o personas con profesiones cruciales como maestros y policías.

No obstante, los municipios no podrán introducir esta restricción para todas las viviendas asequibles en el mercado municipal, solo podrán hacerlo para máximo la mitad de la oferta disponible, y los vendedores tampoco podrían, por ejemplo, perder su hogar como resultado.

La Asociación Neerlandesa de Propietarios (VEH) también prefiere que la propuesta se aplique solo a casas de nueva construcción porque "al asignar viviendas disponibles a sus propios residentes, la escasez crónica de viviendas no se resuelve" en Países Bajos.

Ante la preocupación de los propietarios, De Jonge aseguró que es “un malentendido” que los propietarios vayan a verse fuertemente afectados si quieren vender su casa, y defendió que, con esta ley, “lo único que se dice es: den una oportunidad a los municipios para que, si una casa se vende por, por ejemplo, 250.000 euros, pueda ser vendida a gente que tenga una renta ajustada. Si no, estos tendrán incluso menos oportunidades”.

Además, prometió que un vendedor podrá seguir pidiendo el precio que quiera y pueda por su vivienda porque “eso no cambiará, sería contrario a la ley de la propiedad”, admitió.

El ministro todavía no tiene un cálculo del monto máximo de ingresos que pueden tener los compradores para ser elegibles en este caso.