Presentan las primeras demandas colectivas para defender a los afectados por el cártel de automóviles

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado sus tres primeras demandas colectivas contra los fabricantes de las marcas que participaron en el cártel de automóviles, una práctica anticompetitiva que afectó, a tenor de sus cálculos, a 4 millones de usuarios finales entre 2006 y 2013.

Según ha explicado la OCU este jueves en rueda de prensa, estas tres primeras demandas se dirigen contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo, y a ellas se unirán, en los próximos meses, otras cuatro contra el resto de participantes del cártel sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015.

En concreto, las próximas se interpondrán contra las siguientes marcas: una contra Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep y Dodge; otra, contra Ford, Mitsubishi y BMW; una tercera contra KIA y Mazda, y la última, únicamente contra Renault.

Precisamente ésta será presentada ante los juzgados de lo Mercantil de Valladolid, donde tiene fábrica la compañía del rombo, mientras que el resto se repartirán entre los de Madrid y Barcelona, ha detallado el socio director de Ius+Aequitas, Eliseo Martínez, que colabora en este procedimiento con la OCU.

Estas acciones colectivas, ejercidas por la organización en su calidad de asociación de consumidores representativa, pretende resarcir a los propietarios que pagaron un sobreprecio en la compra de sus coches debido al "pacto colusorio" realizado por estas marcas.

De acuerdo con su peritaje, igualmente remitido a la Justicia, la OCU reclama de media el 10,61 % del precio de compra, un importe al que se han de añadir los intereses de demora desde la adquisición del vehículo, lo que equivaldría a una indemnización total de entre "un 14 % y un 17,5 %" en función de la fecha de la transacción, ha dicho la abogada de la organización Miryam Vivar.

Eso sí, han reconocido que resulta difícil estimar una cuantía media ya que "el porcentaje en euros depende del precio del vehículo", el cual varía ampliamente en función del coche pues "están sancionados desde Porsche y Mercedes hasta Seat".

POCA AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN

Estas demandas suponen la continuación de las acciones que la OCU inició en 2020 mediante unas diligencias preliminares que han resultado, a su parecer, "fallidas", dado que alguna de las Administraciones Públicas requeridas ha negado la colaboración solicitada por la organización a través de los juzgados.

"Hemos removido Roma con Santiago, por eso hemos tardado tanto. Era una acción muy novedosa, muy difícil de llevar a cabo", ha señalado la directora de comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu.

Ahora, la organización se compromete a "llevar de la mano hasta una sentencia firme, incluida la fase de ejecución" a los consumidores que decidan unirse a esta acción colectiva, que no tendrán que entregar una provisión de fondos ni asumir las costas y responderán a los honorarios pactados "sólo" en caso de éxito.

Se trata de "maximizar el beneficio del consumidor sea como sea", ha remarcado Izverniceanu, que ha aclarado que los fabricantes sabían, por las diligencias, que se les iba a demandar, aunque no han mantenido conversaciones paralelas con ellos.

En cualquier caso, si finalmente la organización valora que "es mejor un acuerdo extrajudicial porque es más beneficioso" intentará hacerlo así.

"Estamos abiertos y nuestro objetivo es la mejor defensa para el consumidor con el mayor porcentaje de interés", ha sentenciado.

El 28 de julio de 2015, la CNMC comunicó que había sancionado con un total de 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España y a dos consultoras por prácticas restrictivas de la competencia.

El organismo consideró probada una infracción única y continuada consistente en el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las sancionadas mediante su red de distribución y posventa.

No obstante, eximió del pago de la sanción correspondiente tanto a Seat como a Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica, pertenecientes al grupo, como solicitantes de clemencia al aportar pruebas que posibilitaron la detección y acreditación del cártel.