El desvío de fondos para el 'procés', a juicio mientras avanza la futura ley de amnistía

El Tribunal de Cuentas juzga este viernes a una treintena de ex altos cargos catalanes, incluido su expresidente Carles Puigdemont, por el supuesto desvío de fondos públicos para el "procés" en 2017, mientras en la esfera política el PSOE y sus socios parlamentarios dan pasos para una futura ley de amnistía.

Con independencia de los efectos que pueda tener esa medida para este y otros procedimientos, todo sigue en marcha en el Tribunal de Cuentas para juzgar el viernes la presunta responsabilidad contable de los treinta y cinco exdirigentes demandados en el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".

La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, lo eleva a 5,3.

Carles Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig trataron sin éxito de suspender la vista por no haber concluido aún el proceso penal que tienen abierto el Tribunal Supremo contra los cuatro, que huyeron de la Justicia en 2017, si bien el órgano contable acordó mantener la convocatoria.

Está previsto que el juicio, en el que no tienen que estar presentes los demandados, dure sólo una jornada, ya que las conclusiones de las partes se presentarán por escrito, y en él está citado el propio Puigdemont a declarar a petición de otra defensa.

Los abogados del expresident -huido en Bélgica desde 2017- han notificado que se encuentra "fuera de Catalunya y de España" por "razones y como consecuencia de su cargo", por lo que tendrá que prestar declaración por vídeonferencia.

Además de Puigdemont, el juicio se dirige contra más de una treintena de demandados, entre ellos el expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y varios exconsejeros autonómicos, incluidos los que fueron condenados por malversación en el Supremo, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

También exdelegados del Govern ante diferentes países y diversos ex altos cargos de la Generalitat procesados en causas judiciales relacionadas con el "procés".

La Fiscalía, que en un principio calculó que el montante presuntamente desviado ascendía a unos 9 millones de euros, finalmente lo limitó a unos 3,4 millones: 1,2 destinados a la preparación del referéndum y 2,2 a la acción exterior desplegada en favor del "procés", así como al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), incluidos viajes de ex altos cargos o gastos de las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

El procedimiento contable que acoge el Tribunal de Cuentas es independiente a la causa penal que se dirigió en el Supremo contra los líderes independentistas -ya condenados e indultados- y que tienen pendiente los que huyeron de España, como Carles Puigdemont.