Caso Veklury: triunfa la transparencia

En 2022, el Ministerio de Sanidad se negó a informar sobre el precio e impacto presupuestario de Veklury (remdesivir), un medicamento contra la covid-19, algo que OCU y Salud por Derecho habían solicitado.

Así, tras una resolución del Consejo de Transparencia instándole a hacerlo, el Gobierno y Gilead recurrió a los tribunales: "ahora, una sentencia ampara nuestra petición y avala el deber de Sanidad de hacer pública la información", destaca en un comunicado la OCU.

PRECIOS TRANSPARENTES, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

En marzo de 2022, OCU y Salud por Derecho, en nombre de la campaña No es Sano, llevaron a cabo diversas peticiones al Ministerio de Sanidad a través del Portal de la Transparencia.

En ellas, solicitaban acceso a los precios reales de una serie de medicamentos nuevos y y de alto coste, así a su impacto en el presupuesto público. Entre ellos, de remdesivir, comercializado por Gilead bajo el nombre de Veklura.

"Sorprendentemente, Sanidad se negó a compartir esa información, argumentando que los precios de los medicamentos son confidenciales y cumpliendo así con la opacidad impuesta por la industria farmacéutica en los acuerdos de compra de medicamentos a los que llega con el Gobierno español" explica la OCU.

Ante esta negativa, tanto OCU y Salud por derecho recurrió al Consejo de Transparencia, "que nos dio la razón e instó al Ministerio de Sanidad a compartir la información. En respuesta, el Gobierno, junto con la compañía Gilead, optó por llevar el caso a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo, buscando mantener en secreto el precio del remdesivir", añade.

LA JUSTICIA, A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA 

La sentencia puede aún ser apelada y por lo tanto no es aún firme, los argumentos son contundentes: el texto asegura que conocer el precio y el impacto presupuestario de remdesivir no vulnera la protección de los intereses económicos y comerciales, ni aspectos como el secreto profesional, la propiedad intelectual o la confidencialidad, como han alegado en todo este tiempo tanto la compañía como el Ministerio.

La sentencia hace además referencia a una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que sostiene que conocer el precio de un determinado medicamento “supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular”.

UNA BUENA NOTICIA

Para OCU y el resto de las organizaciones que integran la campaña No es Sano "esta sentencia supone un paso muy importante en el ámbito de la transparencia, aunque lamentamos que estos avances se tengan que producir a golpe de sentencia. Reclamamos que la Administración adopte una actitud más proactiva y la aplique como parte de la rendición de cuentas a la ciudadanía".

OTROS CASOS SIMILARES 

Esta sentencia a favor de las organizaciones de No es Sano se suma a otras recientes que también han dado la razón, por ejemplo, a la Fundación Civio en sus solicitudes relacionadas con el precio y las condiciones de financiación de medicamentos como Luxturna y Zolgensma, procesos que guardan similitudes con el caso de Veklury y que han culminado en decisiones judiciales.

"Para OCU y el resto de organizaciones de No es Sano la transparencia es una prioridad, y llevamos tiempo trabajando en ello. Ya en 2018, la compañía Novartis intentó impedir a través de otro recurso contencioso-administrativo que el Ministerio de Sanidad hiciera público el precio de Kymriah, un novedoso procedimiento terapéutico enmarcado dentro de las denominadas inmunoterapias celulares (CAR-T) para tratar la leucemia linfoblástica aguda. En aquella ocasión,- añaden- el juez señaló que el Ministerio debería haber escuchado a la farmacéutica y conocer sus alegaciones al inicio del procedimiento, por lo que el litigio quedó paralizado por un defecto de forma. En esta ocasión, la balanza sí se ha inclinado hacia el interés público", celebran.