El Constitucional rechaza dejar en libertad a los condenados por los ERE

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes dejar en libertad a siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por los ERE a penas de prisión, mientras se resuelve el fondo de sus recursos de amparo.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno del tribunal de garantías ha desestimado por unanimidad las peticiones formuladas por los condenados a penas de privativas de libertad de suspender cautelarmente la ejecución de sus condenas, que van desde los seis a los casi ocho años de cárcel, excepto el ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, de tres años de cárcel.

Los ex altos cargos, que están en prisión desde finales de 2022 y principios de este año salvo Márquez, solicitaron su puesta en libertad en tanto en cuanto se resuelve el fondo de sus recursos, que alegan vulneración de derechos fundamentales.

Sin embargo, los magistrados han aplicado la doctrina del tribunal que establece que no se suspenden las condenas a prisión cuando la pena privativa de libertad es de cinco años o más.

Además de la gravedad de la pena, los magistrados aluden a la naturaleza y trascendencia social de los hechos enjuiciados para no acceder a la suspensión de las condenas; en tanto que los ex altos cargos fueron condenados por delitos continuados contra la Administración Pública cometidos a lo largo de un extenso periodo de tiempo y con incidencia en toda una comunidad autónoma.

El TC ha rechazado las peticiones del ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, el exconsejero de Obras Públicas y de Innovación Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, los exconsejero de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera Chacón, y Miguel Ángel Serrano, ex director general de la Agencia IDEA -anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía-.

De todos ellos, solo Márquez no está en prisión pero el tribunal tampoco suspende su condena a tres años de cárcel, al hallarse suspendida ya por la Audiencia Provincial de Sevilla, en tanto se tramita su solicitud de indulto y por un plazo máximo de un año.

La decisión del TC no afecta al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán que desistió de su petición cautelar, una vez que la Audiencia de Sevilla ha acordado suspender por un plazo de cinco años la ejecución de su condena a prisión debido al cáncer que padece, si bien mantiene su recurso de amparo.

Las cautelares se han tramitado en una pieza separada al margen de los doce recursos de amparo que fueron admitidos a trámite porque el tribunal consideró que "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes".