El Senado comienza a tramitar la ley antiokupación del PP para desalojar en 24 horas

El Senado ha dado este miércoles luz verde a la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP para elevar el castigo penal a las okupaciones y agilizar los desalojos, que se ejecutarían tras dar un plazo de 24 horas a los okupas para abandonar el inmueble o acreditar que tienen derecho a estar en él.

Con mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, no había dudas de que el pleno iba a tomar en consideración la iniciativa popular, pero dos aliados del Gobierno, PNV y Junts, han apoyado también, con su abstención, la tramitación de la ley, que ha salido adelante con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones.

El senador popular José Ramón Díez de Revenga ha presentado la proposición como la primera de las "leyes Feijóo" que va a defender su partido en el Parlamento, leyes, ha dicho, para impedir conductas ilegales, no para tolerarlas ni amnistiarlas.

"Tolerancia cero ante la okupación", ha manifestado el senador, quien ha subrayado la necesidad de luchar contras la mafias que han creado "una industria del crimen que se extiende por todo el país" y ha asegurado que las denuncias se han incrementado un 32 % desde que llego Pedro Sánchez al Gobierno, con hasta 46 okupaciones al día en 2022.

El PP plantea un aumento de las penas, especialmente en el caso de mafias organizadas, perseguir con igual énfasis la okupación de viviendas vacías y de inmuebles propiedad de empresas, impedir empadronamientos en viviendas okupadas y dotar de medios de defensa a las comunidades de propietarios, para proteger la pacífica convivencia en las comunidades de vecinos.

El PSOE y sus aliados de la izquierda han recordado el deber de proteger a los colectivos más vulnerables y han cargado contra una iniciativa que, en palabras de la senadora socialista María de los Ángeles Lunas, es un "regalo" a los fondos buitres y a la banca especuladora.

Luna ha acusado a los populares de competir con Vox, generar miedo y retorcer estadísticas y ha denunciado que su reforma contentaría a los grandes propietarios, pero acabaría ralentizando los procesos judiciales.

El PNV ha decidido no votar en contra, aunque ha advertido de que no le gusta ni el aumento general de penas ni la posibilidad de que se actúe sin intervención judicial, y Junts también ha optado por la abstención, reclamando más medios para los juzgados.

Por contra, el senador de ERC, Jordi Gaseni, ha acusado al PP de agitar el miedo con un discurso "demagógico y populista" y el de EH-Bildu, Josu Estarrona, los ha presentado como "vendedores de alarmas", al provocar un debate que ha colocado a España como el primer país de Europa y el cuarto del mundo en alarmas instaladas.

"Las medidas aplicadas hasta ahora son ineficaces; son ustedes quienes han creado la burbuja de las alarmas", ha respondido el senador del PP Fernando Martínez Maíllo, quien ha defendido el derecho a mantener vacía una vivienda si así se quiere.

"Se trata de proteger la propiedad privada, aquí tendría que acabar el debate", ha manifestado.