Europa apunta a Marruecos como "posible" responsable del espionaje a los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska

La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus, que fue aprobado ayer por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, apuntó a Marruecos como el "posible" responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El informe de la comisión del Parlamento Europeo asumió también que fueron las "autoridades españolas" quienes espiaron a políticos independentistas catalanes, a 18 de ellos con autorización judicial, aunque puso en duda la proporcionalidad de las escuchas.

"Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas", señaló el informe con las conclusiones de la comisión, tras más de un año de trabajo.

La comisión ha pedido una investigación completa del uso de este programa de vigilancia en España, a la que se pueda sumar Europol, además de iniciar la reforma del marco legal del CNI.

El Gobierno español siempre ha defendido en el Congreso que las investigaciones se efectuaron con autorización judicial y que está obligado a guardar secreto sobre las mismas.

El texto recoge que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha reconocido el espionaje a 18 independentistas catalanes -todos ellos con autorización judicial-, entre ellos al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, o al expresidente Carles Puigdemont, aunque este último no directamente sino a través del teléfono de su mujer.

"En cuanto a los 18 casos en los que se había emitido una orden judicial, la legalidad ha sido verificada y confirmada por el Defensor del Pueblo, pero su especialidad, adecuación, excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad sólo puede ser verificada por un tribunal", señala el informe.

Respecto a los otros 47 individuos vinculados al independentismo que también fueron espiados según el informe de Citizen Lab "sigue sin estar claro si fueron seleccionadas por el CNI con una orden judicial o si otra autoridad recibió órdenes judiciales para seleccionarlas de forma legal", dice el informe.

Añade, además, que "no ha sido posible evaluar en qué medida" estas 47 personas "constituyeron una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad territorial del Estado".

La comisión de investigación -que viajó a Madrid para analizar el caso español- asegura que "España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardias", pero al mismo tiempo, dice que las explicaciones que dio la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, "fueron limitadas y dejaron muchas preguntas en el aire".

Puigdemont se abstuvo en la votación porque, en su opinión, "el informe muestra la gravedad de los hechos, pero desgraciadamente, hace seguidismo del Gobierno español", al afirmar que el sistema judicial español es garantista.

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, no pudo votar el informe porque no es miembro de la comisión, pero afirmó que el texto "miente" y se mostró "convencido" de que la ponente del texto, la liberal Sophie in 't Veld, "sabe que lo que dice no se puede demostrar" y "que lo que está haciendo es arrojar una sombra de dudas sobre una democracia sólida como la nuestra".

Desde ERC, en cambio, la eurodiputada Diana Riba -que también fue espiada- mostró satisfacción con el texto porque "aborda ampliamente lo que es el Catalangate y "constata que el marco legal del Estado español está obsoleto".

El eurodiputado del PP y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, votó a favor del texto porque, entre otros motivos, "niega las acusaciones del secesionismo catalán y que estos políticos secesionistas hayan sido 'víctimas' de ningún abuso, pues las declara objetivo de vigilancia por motivos de seguridad nacional", según dijo en un comunicado. 

SANCHEZ APOYA LA PROPUESTA DE MARRUECOS PARA LA AUTONOMÍA DEL SÁHARA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió el año pasado una carta al rey Mohamed VI en la que, según Rabat, sostiene que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos, que deja este territorio bajo soberanía marroquí aunque con algunas competencias cedidas, constituye "la base más seria y realista" para lograr una solución a este conflicto.

Según el comunicado publicado por la Casa Real marroquí, en su misiva Sánchez manifestó que "España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo".