Las protestas contra la amnistía en las sedes del PSOE abren un nuevo frente de tensión política

 Las concentraciones contra la amnistía en sedes del PSOE, como la del lunes en Ferraz con tres detenidos, abren un nuevo frente de tensión política en plenas negociaciones con Junts para la investidura de Pedro Sánchez, con cruces de acusaciones entre PP y Vox por un lado y los socialistas por otro.

Fuentes del PP han criticado que el Ministerio del Interior obligara a la policía a cargar de "manera injusta" contra los manifestantes que protestaron el lunes en Ferraz, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Sánchez explicaciones sobre la "sobreactuación" de las fuerzas de seguridad.

Mucho más contundente, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado a Sánchez, de "aprendiz de tirano" por "ordenar emprenderla a porrazos y con gases lacrimógenos" en Ferraz.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por estas cargas policiales.

Por su parte, Solidaridad, el sindicato de Vox, ha dado un paso más al presentar este martes una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, y sindicatos policiales como Jupol y la Unión Federal de Policía (UFP) han pedido el cese de este último.

En cambio, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha respetado estas cargas y ha asegurado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "actúan siempre bajo los parámetros de la proporcionalidad".

Además, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene "con rotundidad" los ataques que están sufriendo los socialistas en sus sedes.

La concentración del lunes en Ferraz, a la que acudieron dirigentes de Vox como Abascal, fue convocada por Revuelta, un movimiento juvenil que se define como "patriota unitario español" que había convocado otras tantas para ese miso día frente a sedes del PSOE de diversas localidades.

Tras la protesta en Ferraz, unas 200 personas empezaron a lanzar botellas y objetos contra los agentes y cortaron las bridas que sujetaban las vallas.

Los agentes apreciaron que entre la multitud pacífica empezaron a aparecer personas "con el rostro cubierto y estética ultra", según consta en el atestado policial, que justifica las cargas y después el uso de gases lacrimógenos cuando comenzó el lanzamiento de objetos.

Esta protesta, que se saldó con tres detenidos, ha llevado al PSOE a suspender la actividad de sus sedes por las tardes en todo el territorio nacional y ha abierto un nuevo frente de tensión política en un momento en el que PSOE y Junts siguen negociando la investidura de Sánchez, con la ley de amnistía todavía sin registrar a la espera de un acuerdo entre ambos partidos.

El PP se ha desvinculado de la protesta en Ferraz al asegurar que, pese "a las mentiras de este Gobierno", no la convocó, a diferencia de las concentraciones que denuncia que sufrió la formación en marzo de 2004 después de los atentados del 11-M.

Ante ello, fuentes socialistas han respondido que el PP "jamás superó que los ciudadanos le enviaran a la oposición por mentir" tras estos atentados.

El PSOE, en boca de su portavoz en el Senado, Eva Granados, ha acusado a PP y Vox de instigar el "acoso" a los socialistas para impedir la investidura de Sánchez y ha exigido que condenen concentraciones como la de Ferraz a través de una declaración institucional en la Cámara Alta.

Entre los socialistas que han condenado este martes protestas como la de Ferraz están el líder del PSC, Salvador Illa; la presidenta de navarra, María Chivite; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gracía-Page, que ha criticado a quienes "de forma violenta" quieren apropiarse de la "indignación ciudadana" y ha animado a los ciudadanos a mostrar "su indignación de forma pacífica y serena".

También han rechazado este tipo de protestas violentas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y el PNV, que lo considera un "acoso".

Entre los representantes del PP conviven varias posturas, entre la crítica rotunda a la actuación policial de Ayuso y quienes como el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, defienden que "tiene que haber libertad de expresión, pero desde la vía pacífica".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de los más duros, ha preguntado a Grande-Marlaska, por qué está "dispuesto a amnistiar terroristas", en referencia a dirigentes de Junts, pero critica "tan duramente" la protesta en Ferraz.

Y el portavoz del PP en el Senado, Javier Arenas, ha rechazado cualquier acto de intimidación o vandalismo, al tiempo que ha amparado la libertad de expresión y apoyado cualquier "manifestación respetuosa con los derechos de los demás".