Ocho vocales del CGPJ piden un Pleno urgente sobre la amnistía: "Supone la abolición de Estado de Derecho en España"

Ocho consejeros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la convocatoria de un pleno extraordinario con el propósito de expresar la oposición de este órgano de gobierno de los jueces a la futura ley de amnistía que beneficiaría a los impulsores y participantes en el 'procés'.

Los consejeros que han formulado esta solicitud son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, todos ellos nombrados a propuesta del Partido Popular.

Según fuentes del CGPJ, se espera que presenten la solicitud el jueves, y el Pleno podría llevarse a cabo el próximo lunes, aunque la fecha exacta dependerá de la decisión que tome el presidente interino del órgano, cuyos miembros cumplirán cinco años en diciembre con el mandato caducado.

Los ocho consejeros en cuestión solicitan la reunión del Pleno para discutir una declaración institucional en contra de la mencionada ley, que el PSOE está ultimando en colaboración con ERC y Junts, como parte de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

ESTADO DE DERECHO EN PELIGRO

Aunque aún no se conoce el texto completo de la futura ley, se da por sentado que tendrá un impacto negativo en el país, "incluso pudiendo llegar a socavar o abolir el Estado de Derecho en España", según los consejeros conservadores. Afirman que la aplicación de la amnistía a los acusados del 'procés' podría convertir el Estado de Derecho en España en una mera formalidad, con consecuencias perjudiciales para los intereses reales del país.

En su comunicado, los consejeros conservadores explican que han estado siguiendo con creciente preocupación las declaraciones de los partidos independentistas sobre esta medida en las últimas semanas. También expresan su temor de que la amnistía afecte no solo a los eventos relacionados con el referéndum de 2017, sino también a otros casos anteriores, incluidos los delitos de corrupción, así como a situaciones posteriores en las que se hayan cometido actos en contra de la acción legítima del Estado.

Hasta ahora, habían mantenido una postura de expectativa prudente, a la espera de que las declaraciones de los partidos independentistas fueran respaldadas por el presidente en funciones del Gobierno. Sin embargo, después de las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, donde reconoció la necesidad de la amnistía para obtener apoyos en su investidura, los consejeros consideran necesario que el CGPJ se pronuncie al respecto.

EXIGEN QUE SE ESCUCHE AL CONSEJO

Si la iniciativa se presentara como un proyecto de ley del Gobierno, sería obligatorio solicitar un informe al CGPJ. Sin embargo, como se tramitará a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios, no se requerirá dicho informe. Por ello, los consejeros exigen un pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.

Los firmantes del comunicado critican que se pacte esta ley con partidos como Junts, cuyo líder, Carles Puigdemont, está siendo buscado por la justicia y se beneficiaría personalmente de la medida. También cuestionan la afirmación de Sánchez de que la amnistía se adoptará en "interés de España" para evitar la formación de gobiernos de partidos de derecha en caso de repetición de elecciones. Consideran que esta justificación es incompatible con el principio de alternancia política.

INCONSTITUCIONALIDAD

Los consejeros esperan que el Pleno del CGPJ se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, ya que consideran que va en contra del principio fundamental del pluralismo político. También argumentan que excluir la aplicación de la ley para impedir la acción de los tribunales o anular sentencias firmes sería incompatible con el Estado de Derecho que se ha establecido en España hasta ahora.

Para estos consejeros, no es aceptable que los responsables políticos queden exentos de rendir cuentas ante los tribunales, independientemente de la naturaleza de los delitos, con el único fin de obtener beneficios personales y políticos o mantenerse en el poder. Esto, según ellos, crearía una casta jurídica sin responsabilidad legal y contravendría el principio fundamental de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

VIOLACIÓN DEL TRATADO DE LA UE

Finalmente, los consejeros destacan que esta medida violaría la independencia de los tribunales en su aspecto más básico, socavando la independencia y la seguridad jurídica.

Advierten sobre las posibles consecuencias negativas en términos de la percepción de la Unión Europea y su apoyo a un Estado que no cumple con los principios fundamentales del Estado de Derecho y la independencia judicial, tal como se establecen en el Tratado de la Unión Europea.