Un año del 24J: punto final, por ahora, a los saltos masivos en la valla de Melilla

Este sábado se cumple un año de una de las mayores tragedias en una frontera española con al menos 23 inmigrantes muertos, 77 desaparecidos y decenas de heridos en la valla de Melilla, donde no se han vuelto a registrar intentos de entrada masivos.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, solo 138 migrantes han podido acceder a Melilla de manera irregular vía terrestre en este año transcurrido, casi tantos como los 133 que lograron entrar a la ciudad el 24 de junio de 2022.

Se trata, según fuentes policiales, de una cifra muy baja, nada habitual en el histórico de las estadísticas de inmigración irregular en Melilla, ya que representa apenas el 10 % de todas las entradas contabilizadas el año pasado en Melilla, que fueron 1.175.

FRONTERA BLINDADA QUE SOLO HAN REBASADO 138 MIGRANTES EN UN AÑO

Además, las mismas fuentes apuntan otra clave, y es que los 138 migrantes que han podido entrar por tierra en Melilla después de la tragedia lo han hecho en intentos individuales o muy minoritarios, pero también hay una parte que no accedieron por la valla, sino por el paso fronterizo terrestre, probablemente escondidos en vehículos.

Estas cifras son una muestra del “blindaje absoluto” al que está sometida la frontera de Melilla tras el 24-J, según Amnistía Internacional, cuya representación más gráfica la protagonizó un migrante que, el pasado mes de diciembre, sorprendió a todo el mundo accediendo a la ciudad sobrevolando la valla usando un parapente.

Aparte de este método novedoso, que a priori no se ha vuelto a repetir, la enorme dificultad de saltar la valla por ese “blindaje” ha derivado la presión en la vía marítima y, según apunta CEAR, también ha desviado la ruta migratoria hacia Ceuta.

Esa tranquilidad en la valla se traduce en unos niveles ínfimos de ocupación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde actualmente solo hay 15 personas acogidas, ninguna de ellas de origen sudanés, que era la nacionalidad de prácticamente todos los migrantes que accedieron a la ciudad el 24-J.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Melilla, la escasa cifra de residentes que hay en el CETI actualmente, con capacidad para unas 800 personas, se debe a la política de traslados de migrantes a la península que se empezó a aplicar, sobre todo, desde que se puso fin a las limitaciones de movilidad tras la pandemia del coronavirus.

También el año pasado hubo un ritmo importante de traslados, ya que, antes del 24-J, había en el CETI algo más de 200 migrantes acogidos, muchos de ellos integrantes de los numerosos grupos que consiguieron entrar a Melilla en los saltos masivos consecutivos de principios de marzo de 2022, mucho más mayoritarios en cuanto a entradas que el del 24 de junio.

LA GESTIÓN DE LA TRAGEDIA QUE PUSO CONTRA LAS CUERDAS A MARLASKA

Censurada por la mayoría del arco parlamentario, el Defensor del Pueblo, ONG nacionales e internacionales, así como por la UE, la gestión de la tragedia puso contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien a pesar de dos comparecencias parlamentarias, no llegó a convencer ni a sus socios de Gobierno.

Marlaska negó en todas sus intervenciones que los inmigrantes murieran en territorio español, defendió sin fisuras la actuación de la Guardia Civil e insistió una y otra vez en que el salto protagonizado pro unos 2.000 migrantes fue un "ataque violento y organizado" a la frontera española.

Pese a sus explicaciones y tras un reportaje de la BBC, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo reclamaron las imágenes íntegras de los hechos que los diputados de la Comisión de Interior visionaron durante horas a puerta cerrada en el Congreso.

La Fiscalía archivó las actuaciones al no ver indicios de delito mientras que el Defensor cuestionó los 470 rechazos en frontera que se realizaron ese día.

Ahora la incógnita está en saber qué pasará con la querella que acaban de presentar cinco ONG - Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38- en un juzgado de Melilla para que la Justicia investigue los hechos.