Acusaciones particulares subrayan su legitimidad para imputar a los investigadores del caso Cursach

Las acusaciones particulares han defendido este miércoles su legitimidad para imputar, en sus distintos escritos, a los investigadores del caso Cursach, al entender la "total independencia" de su acusaciones o que "en absoluto existe vulneración del principio acusatorio".

Por tanto, han pedido continuar con el juicio y no decretar nulidad ninguna, en contra de las cuestiones previas planteadas el lunes por las defensas del juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán, el inspector jefe del Grupo de Blanqueo José Luis García Reguera, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera, para quienes se solicitan penas de cárcel que suman más de 600 años.

Tras el discurso del fiscal Tomás Herranz, que ha discutido todas las cuestiones previas de las defensas, ha intervenido el abogado Ángel Aragón, en representación de Miguel Femenia.

Así, se ha adherido a las consideraciones del Ministerio Público y ha recordado, sobre su representado, que fue uno de los perjudicados en el caso ORA, pieza separada del caso Cursach y, por tanto, "absolutamente independiente" a la nulidad del rastreo y acceso al listado de llamadas de los periodistas del caso Móviles.

"Nos personamos porque durante la instrucción de la causa fuimos víctimas de detención y vejaciones", ha señalado el letrado, quien ha insistido en que la desconexión "es absoluta" respecto a la nulidad de otras pruebas.

Además, sobre la falta de legitimidad de acusar argumentada por las defensas, el abogado de Femenia ha resaltado que procesa en esta causa porque se presionó a su representado para incriminar. "Si presionas a testigos para que incriminen y digan lo que interesa en ese momento, alguna legitimación debe tener", ha finalizado.

De igual modo se ha pronunciado el abogado Salvador Perera en representación de Antonio Roig, que fue detenido de forma "arbitraria" junto a otros afectados "con el fin de presionarles para conseguir dilaciones ilegítimas", según ha dicho ante el Tribunal.

Asimismo, ha sostenido que el inspector del Grupo de Blanqueo, José Luis García Reguera, imputado en esta causa, "participó o bien conocía" las filtraciones por el hecho de ser jefe y nada hizo para impedirlas".

El siguiente en intervenir ha sido el abogado Juan Sastre, que se ha sumado a los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal y el resto de sus compañeros, dando posteriormente paso al abogado del ex político del PP Álvaro Gijón y su familia.

Este último ha trasladado su "indignación" por algunas manifestaciones realizadas por las defensas durante la presentación de las cuestiones previas, con "insinuaciones absolutamente inaceptables" y "teorías conspiratorias".

"Nosotros no somos así, no hacemos esto como a lo mejor otros sí lo hicieron", ha insinuado, asegurando que ellos no son "de esta calaña".

Seguidamente, ha expuesto sus motivos para denegar las cuestiones previas de las defensas, sumándose a las justificaciones del fiscal y otros compañeros. "Si no hay persecución o delito contra la integridad moral de Álvaro Gijón, que baje Dios y lo vea".

Por su parte, el abogado de Bartolomé Cursach, Enrique Molina, ha basado su argumento en que la sentencia del caso Móviles resuelve que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los periodistas, a través del derecho de acceso al proceso, pero no el derecho a distribuir información veraz. Por ende, según Molina, "no se ve afectada cualquier derivación que exista si lo vulnerado es el derecho de acceso".

Durante su intervención también ha evidenciado la "jactancia pública" que hizo Reguera sobre las publicaciones que aparecían en prensa de los hechos que ellos mismos investigaban, y ha mencionado otros aspectos como la entrega "voluntaria" del móvil de Iván Bandera.

Del mismo modo se ha referido a la detención e intervención del teléfono de Blanca Ruiz, con quien se produjo "tres cuartas partes de lo mismo".

Cabe destacar que de estos dos teléfonos se extrajeron los mensajes del grupo de WhatsApp en el que los acusados intercambiaban información sobre las investigaciones, principal prueba de imputación que sustentan las acusaciones.

Tras Molina, el siguiente en exponer sus argumentos ha sido el abogado Carlos Zabala, quien ha tildado de "huérfanas" alguna de las cuestiones previas presentadas por las defensas de los procesados, y ha acusado al abogado de Penalva y Subirán de "confundir" a la Sala entre los términos de "hallazgo casual y descubrimiento inevitable".

Al igual que Molina, también ha insistido en que el derecho a la comunicación de los periodistas nunca se vio vulnerado, y sobre el caso Cursach, ha señalado que se va a revivir a lo largo de este juicio porque va "del atropello constante de derechos y libertades" durante la instrucción de dicho caso.

Con posterioridad, el abogado Gerard Palmer ha argumentado que también se opone "en su totalidad" a las cuestiones previas de las defensas, y se ha adherido a las exhibiciones realizadas por Herranz y Molina.

Así, ha puntualizado que su acusación se debe a una "prueba jurídica absolutamente independiente de la nulidad de las llamadas de los periodistas", por lo que ha solicitado que se siga con el procedimiento contra Penalva, Subirán y los cuatro policías.

El último en intervenir ha sido el letrado Pedro Torres Marí, quien ha resaltado que "las evidencias hacia los ahora investigados ya existían antes de la decisión, sólo errónea de Florit, de recabar los teléfonos de los periodistas".

Por tanto, insiste también en que la nulidad de dicha prueba no afecta a sus acusaciones, dando por concluido el trámite de cuestiones previas.

RETIRADA DE UNA ACUSACIÓN PARTICULAR

La acusación particular que representa a tres policías locales, personada contra los investigadores del caso Crusach, ha anunciado que retira la totalidad de las acusaciones formuladas, sin perjuicio de reservar acciones civiles.