El abogado de una de las acusaciones: "A Penalva y Subirán el ordenamiento jurídico les da asco"

Las acusaciones particulares del juicio contra los antiguos instructores del caso Cursach han insistido este miércoles en que la investigación estuvo plagada de irregularidades y uno de ellos ha afirmado que al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán "el ordenamiento jurídico les da asco".

De este modo se ha pronunciado uno de los letrados en la sesión del miércoles del juicio contra los antiguos investigadores --el juez, el fiscal y cuatro agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional-- que encara sus últimas sesiones con los informes de las acusaciones y las defensas.

Todos los letrados de las acusaciones particulares se han adherido a las conclusiones definitivas presentadas este martes por el fiscal Tomás Herranz y han coincidido, a grandes rasgos, en que los investigadores del supuesto contrato amañado de la ORA tenían la documentación de un procedimiento que, además, había tenido lugar tres años, por lo que las detenciones y las prisiones no estaban justificadas.

Sobre esto, el letrado de uno de los funcionarios que fue detenido y encarcelado ha argumentado que las detenciones y prisiones durante la instrucción del caso ORA "tenían el fin predeterminado de investigar, detener y procesar a la cúpula del PP".

Esta tesis ha sido defendida igualmente por otros letrados. En este sentido, el abogado de la familia Gijón ha hecho hincapié en que el objetivo era "cazar a Álvaro Gijón, que era una pieza mayor y fueron a por él".

Precisamente la intervención del abogado de la familia del expolítico, Oriol Rusca, ha sido una de las más intensas de la sesión. El letrado se ha referido a las filtraciones, que tenían por objetivo dañar a su cliente. "Todas estas noticias mancillaban el honor de mi cliente. Todas estas noticias tenían un único origen: las filtraciones que tenían la intención brutal de causar un perjuicio al señor Gijón. ¿Qué perjuicio? ¿Qué dimitiera para que dejara de ser aforado y poder actuar contra él y hacerle la foto esposado en el Parlament", ha afirmado.

"Para mi se ha cometido un pecado capital, que se llama soberbia. Solo por soberbia se hizo esto. Teníamos un juez con ínfulas de ser un Castro, un fiscal con pretensiones, sólo pretensiones porque no daba más, de ser un Horrach; y unos policías que se creían los intocables. Querían ser las estrellas de Palma y gracias a Dios, esperemos que acaben siendo los estrellados de Palma", ha concluido Rusca.

Antes, el abogado de un funcionario ha definido a su cliente y al resto de trabajadores públicos que fueron detenidos y encarcelados como víctimas y citando a Albert Einstein ha apuntado que "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". Para el letrado, "no ha sido fácil desprenderse de ese sesgo de ser los antiguos acusados".

Para este abogado, y en líneas parecidas se han pronunciado otros, la instrucción del caso ORA fue "groseramente prospectiva" y supuso una "instrumentalización del proceso" con el objetivo de "ablandar" a los detenidos para incriminar a terceras personas.

Los abogados de las acusaciones han coincidido igualmente a la hora de calificar las detenciones de funcionarios como arbitrarias y en que no se cumplieron los requisitos legales y que, además, como ya apuntó este martes el fiscal, los investigadores ya tenían toda la documentación. "Hubo arbitrariedad y abuso de poder. Esta instrucción salvaje no puede quedar impune", ha señalado uno de los letrados.

Los letrados, algunos de los cuales acusan de torturas a los investigadores, también han hecho hincapié en que los antiguos instructores iniciaron las pesquisas dando credibilidad a algunos testigos --"del hampa", según uno de los abogados-- que acabaron siendo procesados por falso testimonio.

"HAN ARRUINADO VIDAS"

Por su parte, el abogado de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, Enrique Molina, ha descrito el estigma sufrido por ser considerado "el abogado de la mafia".

Según este letrado, entre 2016 y 2018, los instructores del caso "han arruinado vidas" y ha añadido que estos daños no se han cuantificado "porque se reservan otras acciones". El abogado, ha añadido, "no entiende que haya habido esta quiebra dentro del sistema judicial y dentro del sistema policial".

En otro momento de la sesión, el abogado del ex policía local Antoni Bergas ha criticado el auto de cuestiones previas, al no permitir acusar por hechos conexos a los de su formulación de acusación. "El auto limita la prueba de esta representación puesto que se establece que hay determinadas partes que no vamos a poder utilizar, con una nulidad probatoria", ha apuntado, en relación a algunos chats anulados.

En relación a las filtraciones ha argumentado que "se sea periodista o policía, difundir información de un procedimiento declarado secreto es delictivo" y ha apuntado a que eran los acusados los que, obviamente, tenían toda la información.

Cabe recordar que este martes, el fiscal Tomás Herranz mantuvo las peticiones de prisión para el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, que en total se acercan a los 600 años cárcel.

En su informe, el representante del Ministerio Público aseguró que en el juicio han quedado probadas las irregularidades en la instrucción y afirmó que el juez Manuel Penalva "no ponderó prudentemente ni decidió parcialmente".

Herranz argumentó que los arrestos se produjeron de manera "arbitraria y caprichosa" y de manera consensuada por todos los investigadores que, a su parecer, "tenían la conciencia negra".