La Audiencia de Palma condena a prisión y al pago de 8 millones a una empresaria por una estafa piramidal

La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha condenado como responsable de una estafa piramidal a una empresaria española, Beatriz Delgado, pareja de un aristócrata alemán asentado en Mallorca, el supuesto príncipe de Hohenlohe, a una pena de 3 años y medio de prisión y al pago de indemnizaciones por unos 8 millones de euros para una veintena de perjudicados.

Las magistradas consideran probado que la empresaria, entre 2009 y hasta su detención en 2012, estuvo realizando dos tipos de operaciones fraudulentas.

La primera de ellas consistía en captar inversores privados para que prestaran dinero a personas con necesidades de liquidez y que contactaban con ella a través de anuncios publicados en periódicos españoles, ingleses y alemanes.

Se trataban de préstamos que generaban un alto tipo de interés para el inversor y que se garantizaban con hipotecas sobre el inmueble titularidad de la persona que recibía el dinero, siendo protocolizado el contrato ante notario.

Por intermediar en dicho contrato la acusada recibía una comisión que habitualmente era del 10 % del importe total de la operación. Además, la procesada retenía parte del dinero en concepto de depósito que se formalizaba ante un notario distinto.

La segunda operación, más habitual, era la de captar clientes ofreciéndoles beneficios en concepto de intereses si decidían invertir su dinero a través de la mercantil de la acusada.

“Sin informar a los clientes que se creían inversores que no se iban a realizar ni inversiones de ningún tipo ni operaciones financieras que pudieran generar los altísimos intereses que ofrecían”, han destacado las magistradas en su resolución.

Según la sentencia, estos clientes “tampoco conocían que las retribuciones dinerarias que entregaban se efectuaban con los ingresos que recibían de los nuevos clientes, creando así una estructura defraudatoria piramidal”.

Desde su inicio, la condenada, concluye la Sala, no tenía intención de pagar los intereses ni devolver el dinero, ya que las sociedades carecían de actividad negocial susceptible de generar los recursos necesarios para satisfacer los altísimos intereses pactados y devolver el capital entregado.

Para el tribunal, el destino conferido al dinero que recibía la condenada, en parte, iba destinado al pago de intereses con la finalidad de atraer para sí nuevas inversiones del mismo o distinto cliente y en parte, “se lo apropió para mantener el elevado nivel de vida del que disfrutaba”, recoge la sentencia.

De este modo, la acusada sabía que no iba a cumplir lo pactado, puesto que, la ausencia de una actividad empresarial real impedía a las sociedades la generación de recursos propios con los que atender los pagos comprometidos que dependían, exclusivamente, de la captación de nuevos inversores cuyas aportaciones eran destinadas a satisfacer los compromisos adquiridos con los primeros.

La mujer utilizó las mercantiles European Investment y Balearic Island Investment para engañar a los inversores y por ello, la Sala acuerda prohibir definitivamente a estas entidades llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.