La Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel a 12 miembros de los CDR por terrorismo

 La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado entre 8 y 27 años de cárcel por terrorismo para doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que, supuestamente, planeó sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019 en protesta por la sentencia del 'procés'.

El Ministerio Público ha remitido ya a la Sala de lo Penal su escrito de conclusiones provisionales en esta causa, en la que acusa a ocho de los investigados de un delito de pertenencia a organización terrorista, otro de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, y un tercero de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

Para esos ocho investigados pide las penas más altas, 27 años de prisión, mientras que para los otros cuatro solicita ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, en el marco de una investigación que podría encuadrar en la futura ley de amnistía, que se encuentra en trámite parlamentario.

LA VIOLENCIA COMO MÉTODO PARA FORZAR LA INDEPENDENCIA

"Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España", sostiene en su escrito de 61 páginas el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

Los miembros de esta facción radicalizada, denominada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), tuvieron "participación activa" en la materialización de algunas de las acciones "más contundentes" de los CDR.

Entre ellas, el fiscal enumera cortes de carretera, un vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los presos del 'procés' desde el centro penitenciario de Lledoners, o el levantamiento de las barreras de los peajes.

También les acusa de la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, que asumieron el encargo recibido de un denominado 'CNI Catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente.

"Como detalles acreditados del citado plan", el fiscal indica que la ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior.

Después, un reducido grupo de personas, cooperaría con el grupo denominado 'CNI' para el establecimiento de bases de intendencia, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, "montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros".

Para ello, eran esenciales los "servicios" del acusado Ferrán Jolis, debido a sus "amplios conocimientos" en informática y telecomunicaciones, "a efectos de confeccionar una red securizada e indetectable que permitiese las comunicaciones entre el interior y exterior del Parlament".

PLANIFICACIÓN DE ATENTADOS Y ACCIONES VIOLENTAS

También fueron hallados indicios de actos preparatorios para cometer atentados, por parte de uno de los principales acusados, Jordi Ros, y otros miembro de la organización consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados.

En las fotografías de los objetivos seleccionados figuran determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.

Entre estos posible objetivos se encontraban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno en Barcelona, la Fiscalía del TSJC, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión y peajes en autopistas.

La Fiscalía destaca en particular "el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona", en el municipio de San Andreu de la Barca, que llevó a cabo Jordi Ros acompañado de su pareja sentimental Montserrat Casas.

Se trata de una grabación de 7 vídeos y la toma de 75 imágenes con el móvil del acusado, "en los que se observa como éste realiza varias vueltas al perímetro del acuartelamiento a bordo de un vehículo, con el fin de obtener imágenes de todos los elementos perimetrales de seguridad".

Además, a uno de los acusados le fueron intervenidos mapas de vías comunicación y estaciones de ferrocarril, en la que había marcado como puntos de interés diversas gasolineras y los depósitos de Repsol butano, en la localidad de Montornés del Vallés.

También una imagen satélite impresa del cuartel de la Guardia Civil de Canovelles y un croquis realizado a mano alzada, en el que se dibuja el Polígono Industrial Can Baliarda de Sant Fost de Campsentelles y se marca como punto de interés un Centro de Transformación de Endesa.

FABRICACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

De la investigación se deduce que, en su intención de perpetrar acciones violentas, los acusados disponían de dos laboratorios clandestinos para la fabricación casera de sustancias explosivas o deflagrantes.

En esto tenía "un papel fundamental" el acusado Alexis Codina, en cuyo domicilio se encontraba uno de esos laboratorios, al que acudieron varios de los otros miembros del grupo, "habitualmente en horas nocturnas, detectándose potentes destellos seguidos de grandes humaredas".

Estos acusados, además de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario Termita (una composición pirotécnica de aluminio y un óxido metálico), realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias y/o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia Termita.

Codina y otros de los acusados, Germinal Tomás Abueso, contactaron incluso con un experto en química, al que denominaban 'Dr.Chemicals', para que les asesorase sobre la fabricación y elaboración de la Termita.

En cuanto a la obtención de conocimientos para la elaboración de esta sustancia, la Fiscalía destaca un vídeo que vieron juntos Alexis Codina y Jordi Ros, el 12 de septiembre de 2019, sobre posibles teorías alternativas a los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Durante el visionado, los acusados muestran especial interés en la posibilidad de que se hubiese utilizado Termita y la aplicación que esta tendría para su empleo contra infraestructuras.

"Al terminar el vídeo se escucha, como ya se ha dicho, a ambos acusados realizando exclamaciones de júbilo, probablemente al vislumbrar los catastróficos efectos que la Termita puede llegar a tener", apunta el fiscal.