La Justicia anula la sanción impuesta por un Comandante de la Guardia Civil de Artà a un agente

Señalan la "mala praxis" por parte de dicho mando

Redacción | 29/11/2023

La Justicia ha anulado la sanción impuesta por un Comandante de la Guardia Civil de Artà a un agente del cuerpo. 

El Comandante del Puesto Principal de Artá, en 2022, sancionó al guardia civil, asociado de Independientes de la Guardia Civil (IGC) y actual representante de los trabajadores en Baleares por esta asociación profesional, por según el criterio particular del mando, haber cometido éste agente una falta leve contenida en el Reglamento disciplinario de la Guardia Civil, falta para la que el abogado José Manuel López Lorenzo y sus servicios jurídicos llevan insistiendo en primera instancia de su total improcedencia y carencia de la aplicación del tal corrección, la cual queda demostrada y recogida en la sentencia absolutoria del Tribunal Militar Territorial Tercero (Barcelona) en su Sentencia de 2023.

El Tribunal declara la nulidad de todas las resoluciones, dejando sin efecto dicha falta leve apreciada, así como la sanción impuesta y señalando que su anotación deberá desaparecer de la documentación del Guardia Civil interesado, sobrevenido por una mala praxis por parte de dicho mando.

Parte de la sentencia afirma que “no resulta por tanto constatable que el sancionado obrare de forma intencional enervando el conducto reglamentario cuando ni el mando sancionador ni quienes resultaban ser los superiores directos del sancionado parecían tener muy claro cuál era la forma en que habían de cursarse las instancias presentadas”.

Con este ejemplo, IGC indica que siempre lucha junto con sus servicios jurídicos y abogados para que ningún Guardia Civil se quede atrás, acompañándolo en todo momento durante el proceso, al objeto de conseguir salir victoriosos ante cualquier injusticia o abuso de poder.

En Independientes de la Guardia Civil abogan que cuando se acometan hechos de este tipo, en los que los mandos tomen decisiones disciplinarias y posteriormente se demuestre fehacientemente que o bien ha habido mala praxis o simplemente no ha habido suficientes y clarificadores elementos objetivos para iniciar y formalizar tal expediente sancionador, la Administración tome medidas contra ellos, porque continuando con la impunidad como hasta ahora, cualquier mando puede acometer expedientes de este tipo, complicando con ello la vida socio-laboral de los agentes bajo su mando, e incluso ocasionar episodios que desemboquen en graves problemas para la salud y sin importarles los más mínimo si su decisión está completamente fundamentada o se ajusta escrupulosamente a Derecho.

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