La Justicia decidirá si CI Postal puede acusar a sus trabajadores por las multas no notificadas en Palma
Uno de ellos reconoció que falseaban sistemáticamente las entregas por la imposibilidad de cumplir con los objetivos
EP | 23/01/2024
La Audiencia Provincial de Baleares decidirá si CI Postal, como concesionaria del servicio de notificación de multas de Palma, puede ejercer la acusación contra dos trabajadores en la causa penal por las multas no notificadas, o si, por el contrario, debe considerarse responsable civil subsidiaria y responder de posibles indemnizaciones.
La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma consideró que la empresa y el Ayuntamiento de Palma debían figurar como responsables civiles, parecer que apoyaron la Fiscalía y los afectados.
En la causa figuran como investigados dos trabajadores que tenían encomendada la notificación de las multas. Uno de ellos reconoció que falseaban sistemáticamente las entregas por la imposibilidad de cumplir con los objetivos. Así, descargaron la responsabilidad sobre el funcionamiento habitual de la empresa.
Otros trabajadores que declararon como testigos corroboraron que las duras condiciones de reparto hacían inviable entregar las notificaciones en tiempo y forma.
Presuntamente, era una práctica común simular la entrega haciendo constar una geolocalización relativamente cercana al domicilio en un dispositivo electrónico que llevan los repartidores. En una pequeña parte de los casos se falsificaron firmas.
Por todo ello, la Fiscalía entiende que la compañía podría incurrir en responsabilidad como persona jurídica. Una responsable de las oficinas estuvo temporalmente investigada, pero fue desimputada. Fuentes del grupo de afectados critican que la empresa pretendiera "culpar de todo a los trabajadores y lavarse las manos".
CI Postal impugnó la decisión de la juez y el recurso está pendiente de resolución.
En el proceso penal están personados centenares de afectados, algunos de ellos a título individual, pero la mayoría agrupados en una asociación ('Stop Multes Sense Notificació') representada por el abogado Antoni Bennàssar.
Los perjudicados nunca recibieron la notificación de multas de tráfico en Palma y fueron cobradas en forma de sanción administrativa con importantes recargos. CI Postal se opuso a que los afectados pudieran formar parte de la causa, pero el Juzgado los admitió como parte hace unos meses.
LA FISCALÍA APOYA ANULAR LAS NOTIFICACIONES
En un informe reciente, la Fiscalía ha apoyado anular las notificaciones y sus efectos. El número de personas incluidas en el proceso supera las 230, si bien la cifra real de afectados posiblemente sea muy superior.
En base a un estudio de las notificaciones publicadas en el Boletín Oficial (BOE), la Asociación apunta que entre 2019 y 2023 habrían sido más de 130.000 las personas afectadas por sanciones viales sin notificación. El colectivo cifra los importes entre 45 y 50 millones de euros.
En este sentido, otro debate en el aire es si el Ayuntamiento debe revisar de oficio todos los expedientes, puesto que es quien tiene los datos para poder hacerlo, sin ceñirse únicamente a los ciudadanos que han contratado a un abogado para reclamar en este procedimiento.
RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO
El Juzgado también entiende que puede existir responsabilidad civil del Ayuntamiento por el funcionamiento anómalo de una de sus concesionarias.
Por su parte, los afectados ven una intencionalidad recaudatoria en el diseño de los procedimientos a nivel municipal. Según han explicado desde la Asociación, en la mayoría de municipios si el interesado no responde en 20 días a la primera notificación, se considera identificado como conductor al titular del vehículo; en el caso de Palma, la sanción vial se convierte en un expediente administrativo imputando al ciudadano la infracción de haberse negado a identificar al conductor, y se triplican automáticamente los importes.
El colectivo asegura que esta forma de proceder se implantó en Cort antes de la contratación de CI Postal. Además, entre otras cuestiones, también responsabilizan al Ayuntamiento por aceptar la geolocalización como prueba suficiente para llevar el expediente adelante a los 20 días.
La causa judicial no incluye la aparición de millares de cartas comerciales en torrentes y descampados de Palma, puesto que entre ellas no se encontraron las notificaciones de multas.
