Un administrador de locales niega un trato de favor de la Policía de Calvià para extorsionar a la competencia

El responsable de administrar varios negocios de Magaluf propiedad de dos acusados de usar a la Policía Local para extorsionar a la competencia ha negado trato de favor y ha dicho que eran precisamente ellos "los más buscados" y los que han pagado "cientos de miles de euros en multas", cuestión de la que él se encargaba.

El administrador ha comparecido como testigo en el juicio contra el exjefe de Policía Local de Calvià, otros agentes y dos empresarios acusados de varios delitos de extorsión, amenazas y corrupción.

El hombre ha negado de este modo trato de favor a los negocios para los que trabajaba, asegurando que se gastaban más de 3.000 euros en abogados para recurrir las sanciones que recibían a pesar de tener todas las licencias y documentación de cualquier cuestión en regla.

Por otra parte, el testigo sí ha reconocido la colaboración de los agentes con los empresarios a través de una asesoría, pero ha defendido la legalidad de todos los pagos.

Cabe recordar que supuestamente los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.

Otra testigo también ha afirmado que los acusados José Antonio Ledesma y Antonio Ledesma llevaban la asesoría laboral de las sociedades de los otros dos empresarios acusados, pero que nunca preparó dinero en efectivo para ellos, ya que los pagos se hacían por transferencia.

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS

En otro momento de la sesión de este viernes, un trabajador de uno de los locales de Magaluf ha admitido que en el año 2014 declaró en sede judicial que el exjefe de Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y el exagente Antonio Ledesma, gestionaban asuntos laborales de varios locales de ocio nocturno a través de una asesoría "porque era lo que se rumoreaba".

Sin embargo, en su declaración ha afirmado que Navarro y Ledesma no gestionaban altas y bajas de trabajadores.

También ha reconocido que en 2014 declaró que la Policía Local no inspeccionaba sus negocios, aunque ahora ha dicho que sí. Según ha argumentado, en aquella declaración estaba, probablemente, bajo el efecto de las drogas y en tratamiento psiquiátrico.

Sobre la posibilidad de que las inspecciones fueran conocidas previamente, ha limitado este extremo al hecho de que cuando una noche un local recibía una inspección, los negocios de la zona se avisaban entre ellos.

PENAS DE 30 AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía pide para todos ellos penas de prisión que rozan los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos.

La pieza deriva de la macrocausa de corrupción policial de Palma y la ha asumido el fiscal de Madrid Tomás Herranz, que se encargó de los juicios a Bartolomé Cursach y al juez Manuel Penalva.

La Fiscalía acusa a los policías de extorsionar a locales de Magaluf hostigándolos con inspecciones irregulares para ahuyentar a su clientela y así beneficiar a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.

En esta pieza, el exjefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y el exjefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, se enfrentan cada uno a seis años de prisión por cohecho pasivo. Para el primero, el Ministerio Público pide también 10 años por un delito de omisión de perseguir delitos.

Por su parte, dos agentes de policía se enfrentan a dos años y 11 meses de prisión por extorsión y amenazas. Para los dos empresarios el Fiscal reclama seis años de cárcel por cohecho pasivo.

EL FISCAL LES ACUSA DE HABER COLOCADO DROGA EN UN LOCAL

El escrito de acusación recoge una visita en 2013 por parte de los dos agentes investigados a un local, donde habrían simulado el hallazgo de una cantidad de droga que ellos mismos habrían colocado anteriormente para, en palabras del Ministerio Público, demostrar "el poder que tenían para perjudicarles".

El fiscal reseña que la droga no fue recogida por los policías ni la mencionaron en la diligencia policial levantada al efecto. Supuestamente también exhibieron a los encargados del local un envoltorio de cocaína del tamaño de una caja de cerillas, diciendo que la habían encontrado en el establecimiento, pero tampoco la mencionaban en el atestado.

Además, durante los 40 minutos que duró la intervención no permitieron a los clientes ni a los trabajadores abandonar el lugar. Finalmente, de la actuación no se derivó ninguna sanción para el local.

En el escrito de acusación la Fiscalía también relata que cuando este hecho fue denunciado, el jefe de Policía, que era entonces José Antonio Navarro, no solo no investigó los hechos sino que amenazó con querellarse si lo difundían en los medios de comunicación.

TRABAJO COMO GESTORES LABORALES

Además, tanto este acusado como otro, que había sido jefe de Policía Local en Marratxí y que en Calvià actuaba como inspector, presuntamente trabajaban como gestores laboral para algunos empresarios.

Emitieron diversas facturas a través de sociedades que formalmente figuraban a nombre de otras personas --como la pareja de uno de ellos-- pero que según la Fiscalía en realidad controlaban los policías.

Supuestamente, gracias a esta relación, estos locales recibían un trato de favor y eran avisados cuando se iban a realizar inspecciones. El fiscal afirma que las denuncias contra estos locales se archivaban materialmente sin dictar resolución expresa, o que les quitaban las multas o pactaban una cantidad muy pequeña. De hecho, reseña el Ministerio Público que uno de los locales ni siquiera constaba inscrito en el registro y no se le inició ningún expediente sancionador.

La Fiscalía sitúa como beneficiario a un grupo empresarial integrado por dos sociedades que controlan varios locales de ocio de Magaluf.