Un hombre juzgado por una estafa con criptomonedas a una anciana de Calvià asegura ser otra víctima

Un hombre acusado de una presunta estafa con criptomonedas a una anciana de Calvià se ha defendido este miércoles, en la Audiencia Provincial, asegurando que no es el autor de la estafa sino otra víctima, y que perdió alrededor de 300.000 euros en supuestas inversiones.

El hombre se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía, que le acusa de haber desviado casi 123.000 euros de las cuentas bancarias de la víctima y su marido a cuentas de su titularidad.

Esas transferencias son la única conexión entre la víctima y el acusado, que no se conocen entre sí, aunque sus relatos muestran claras similitudes respecto a cómo comenzaron a hacer pagos creyendo que estaban comprando criptomonedas.

El hombre ha explicado que unos supuestos 'brókers' se pusieron en contacto con él en julio de 2019 y le convencieron para invertir con pequeñas aportaciones de 200 a 300 euros. Siguiendo con su versión, como "en aquella época la criptomoneda salía bastante en prensa", y le prometieron que en pocos meses tendría ganancias, aceptó creyendo que podría hacer un buen negocio.

Para ello, las operaciones se hacían desde su ordenador, al que los supuestos asesores se conectaban en remoto a través de una aplicación. Incluso le aseguraron que no había otra manera de invertir en criptomonedas.

Según el acusado, en un momento dado sus interlocutores le dijeron que había surgido un problema con los fondos y que para recuperarlos debía mantener la "inversión viva" y aportar más cantidad, bajo la amenaza de que podría perderlo todo.

Dado que ya no tenía más ahorros, supuestamente la compañía iba a prestarle recursos que después les tendría que devolver. Con ese pretexto le hicieron abrir dos cuentas en bancos 'online'. Allí le ingresaron el dinero --que resultó ser el de la víctima de Calvià-- y él autorizó sacarlos a otra cuenta: "Lo único que hacía yo era dar el último paso aceptando el envío con el móvil".

En esta línea, el hombre ha mantenido que no sabía que el origen del dinero fuera ilícito, sino que estaba convencido de que "estaba en un proceso de recuperación de la inversión". Aunque la transferencia procedía de una persona física y no de una empresa, "ellos dijeron que eran personas de su organización".

Desde sus cuentas, el dinero fue a parar a una plataforma de criptomonedas con sede en California, y a partir de ahí se hace imposible rastrearlo.

"Nunca llegué a recibir ningún dinero", se ha lamentado, apuntando que cuando quería retirar los fondos "siempre surgía un inconveniente" y los asesores alegaban "problemas de conexiones de blockchain". Cuando se dio cuenta de que le habían engañado, puso una denuncia, ha incidido ante el Tribunal.

LOS HIJOS DE LA VÍCTIMA DETECTARON LA ESTAFA

Mientras, la víctima de Calvià, una mujer de avanzada edad, ha contado que decidió invertir por un anuncio que vio en Internet, en el que se proponía comenzar con un primer ingreso de 250 euros. "Igual que antes compraba billetes de lotería, pensé en probar con el bitcoin, porque contaban que la gente ganaba mucho dinero", ha comentado la mujer.

Detrás de las plataformas parecía estar un banco internacional con imagen de cierta solvencia. Su interlocutora habitual era una mujer que hablaba en inglés, según la denunciante. Tras haber invertido alrededor de 9.000 euros, le informaron de que había ganado, supuestamente, más de 100.000.

Así, le enviaron un enlace a una página web donde podía ver las supuestas ganancias. Más tarde recibió "una carta del Tesoro de Inglaterra, con firmas y todo", informándole de que el dinero estaba "bloqueado" por una serie de cuestiones legales, y que debía pagar 28.000 euros para recuperarlo.

Entonces, recibió una llamada en la que le pidieron las credenciales del banco, y ella las proporcionó. Fueron sus hijos quienes detectaron la estafa cuando, haciendo unas gestiones, uno de ellos vio un movimiento de fondos que hizo saltar las alarmas y corrieron a cancelar las cuentas.

LA GUARDIA CIVIL CREE QUE PODÍA FORMAR PARTE DE LA CADENA

La Guardia Civil ha reconocido que es habitual que en este tipo de estafas se utilicen cuentas intermediarias de personas que han sido engañadas, pero considera sospechoso que, en este caso, los datos de contacto y autentificación eran los del acusado. Generalmente, los estafadores buscan que en la cuenta aparezca la víctima como titular, pero haciendo constar sus propios datos de contacto y verificación.

Para los investigadores, "no tiene sentido" que los estafadores pidan a una víctima que abra cuentas bancarias pero le dejen el control de las mismas, "salvo que sea parte del engranaje para mover el dinero", como ha razonado un agente de la Guardia Civil, si bien ha reconocido que no es posible descartar completamente la hipótesis del engaño.

El funcionario también ha señalado que las cuentas estuvieron abiertas y operando durante unos cinco meses en los que podría haber detectado que los movimientos eran anormales.

La Fiscalía ha mantenido su petición de cárcel, rechazando la versión de que fue engañado, mientras que el abogado de la defensa ha solicitado la absolución. El letrado ha subrayado que su única vinculación al caso fue haber autorizado la salida de esos fondos a una tercera cuenta, ajena a él, "hasta que se quedó sin un céntimo".

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una multa de 3.650 euros para el acusado, así como la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas.

El juicio ha quedado visto para sentencia.