Una 'escoleta' irregular en Ibiza deberá pagar una sanción de 504.000 euros

La propiedad de una 'escoleta' irregular que realizaba su actividad en una finca situada en Santa Gertrudis ha tumbado la ampliación ilegal del centro y ha recibido una sanción de 504.903,75 euros por la actividad docente ilegal (331.000 euros) y por las obras ilegalizables en suelo rústico (173.903,75 euros).

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Santa Eulària, la sanción urbanística se ha interpuesto en base al artículo 167 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de Baleares y, por otro lado, la infracción administrativa se ha cometido en base a la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de las Islas.

Durante el procedimiento administrativo, la propiedad admitió la responsabilidad y renunció a la interposición del recurso por la vía administrativa.

En el momento de la inspección por parte de los Servicios Técnicos Municipales y la celadora de obras, realizada en mayo de 2022, el centro docente irregular estaba desarrollando su actividad.

De hecho, en el mismo entorno de los trabajos había escolarizados ocho menores de edad a cargo de un adulto, que ejercía de profesor e impartía un sistema educativo alternativo.

Se detectó entonces que se había dispuesto una estancia de la edificación como clase, en la que había sillas y pupitres, pizarra y elementos propios del ejercicio de una actividad educativa.

El informe de inspección de los técnicos acreditó unas obras de reforma y ampliación de un almacén existente, de 26 metros cuadrados, que estaba siendo ampliado en 58 metros cuadrados, y que se hallaba al 75 por ciento de su fase de ejecución.

La parcela en la que se encontraba el almacén tiene 125.380 metros cuadrados y tiene la calificación en parte de suelo rústico forestal y en otra parte de suelo rústico de régimen general. Para la legalización sería necesaria una declaración de interés general.

Por estos motivos, el Consistorio abrió un expediente sancionador por infracción urbanística y de restablecimiento de la legalidad urbanística y de la realidad física alterada.